Hay una mentira cómoda que llevamos años repitiendo: que proteger a un menor frente a las pantallas es, sobre todo, cuestión de que sus padres estén más atentos. Vigilad más, controlad más, hablad más con vuestros hijos. Suena razonable. Y es, en el fondo, una manera muy elegante de mirar hacia otro lado, porque desplaza el foco de quien diseña el problema a quien lo sufre en casa.
El negocio es la atención
Lo que ocurre cuando un chaval de doce años abre una aplicación no es un accidente ni un descuido familiar: es un diseño. Detrás de cada notificación, de cada vídeo que arranca solo, de cada mecanismo pensado para que sueltes el teléfono lo más tarde posible, hay ingeniería y hay dinero. Mucho dinero. La atención de un menor se ha convertido en materia prima, y las grandes plataformas llevan años perfeccionando la forma de extraerla. No es la maldad de un ingeniero suelto: es el objetivo del producto. Y un producto que compite por los segundos de un cerebro que aún no ha terminado de formarse juega siempre con una ventaja tramposa. No hace falta atribuir ningún delito a ninguna empresa concreta para constatar una obviedad incómoda: ese modelo de negocio no está pensado para el bienestar de tu hijo, sino para su permanencia.
«Vigilad, familias» no es una política
Frente a eso, pedir a las familias que vigilen es como pedirle a un peatón que se apañe con el tráfico sin semáforos ni límites de velocidad. Hay madres y padres que trabajan a turnos, que no dominan la última red, que hacen lo que pueden con lo que tienen. Cargar sobre sus hombros toda la responsabilidad no es prudencia: es la coartada perfecta para que quienes ganan con el problema no paguen jamás por él. La protección de la infancia no puede depender de si te tocó una familia con tiempo, formación y buena conexión.
Lo que de verdad protege se llama ley
Lo que protege de verdad tiene nombres menos simpáticos y mucho más eficaces: ley, obligaciones, inspección y sanciones que se noten. El Gobierno ha movido ficha con enmiendas transaccionales para blindar a los menores en la red, según ha detallado Demócrata, y el presidente lo ha convertido en bandera pública. Bien. Pero una tribuna honesta tiene que añadir lo siguiente: sin sanciones proporcionales a la facturación y sin responsabilidad personal de los directivos que toman las decisiones, cualquier norma se queda en un folleto bonito. La autorregulación, esa palabra que tanto gusta en los despachos, ya ha tenido su oportunidad durante años; el resultado está a la vista de cualquiera que mire el móvil de un adolescente. A una multinacional que ingresa miles de millones no la disuade una multa simbólica: la disuade que quien firma esos diseños pueda acabar respondiendo por ellos.
Y el Congreso no puede eternizar el trámite
Aquí llega la parte incómoda para todos. El texto no depende solo de la voluntad del Gobierno: su suerte pasa por el PP y por Junts, y ahora mismo duerme en ponencia sin un calendario concreto. Traducido: puede salir pronto, puede salir descafeinado o puede no salir. Y cada mes de retraso es un mes más en el que el negocio funciona exactamente igual, con los mismos incentivos y las mismas pantallas.
No vale escudarse en el «lo estamos estudiando». Esto se estudia desde hace tiempo de sobra. Un Parlamento capaz de tramitar en tiempo récord lo que le interesa no puede alegar complejidad técnica cuando lo que está en juego es la infancia. La complejidad es real, no lo niego; pero la parálisis no es una fatalidad, es una decisión política, y las decisiones políticas tienen responsables con nombre y apellidos. Cada semana que el trámite se alarga es una semana regalada al statu quo.
Que nadie confunda tampoco el marco: esto no es censura ni paternalismo digital. Es lo mismo que hicimos con el tabaco, con los coches sin cinturón o con la publicidad dirigida a niños. Asumimos que hay negocios legítimos que, sin reglas, producen daño, y decidimos ponerles límites. A nadie se le ocurre llamar dictadura a un airbag.
Por eso la exigencia progresista es doble y no admite trampa. A las plataformas: que su cuenta de resultados deje de levantarse sobre la atención de quien todavía no sabe defenderse. Y al Congreso: que deje de tratar la protección de menores como una foto para el titular y empiece a tratarla como una ley con dientes. Pedirle a una madre que «controle más» mientras el trámite dormita en un cajón no protege a nadie. Es, una vez más, mirar hacia otro lado, esta vez con mejor prosa.