La palabra lawfare ya no vive solo en tertulias, comunicados de partido o broncas parlamentarias. Según una encuesta publicada por El País, más del 65% considera que existe en España. Es un dato políticamente explosivo porque habla menos de un pleito concreto que de algo más profundo: una parte grande del país mira a la justicia con sospecha.
Conviene decirlo sin trampas: una encuesta no prueba que haya una conspiración judicial, ni convierte en cierto cada relato de parte. Pero sí mide un clima. Y el clima importa. Si una mayoría cree que los jueces pueden estar metidos en la pelea política, la democracia tiene un problema aunque cada procedimiento concreto tenga sus garantías, sus recursos y sus tiempos.
Cuando la confianza se rompe, no basta con pedir fe
La derecha suele responder a este debate con una frase automática: atacar a los jueces es atacar al Estado de derecho. Tiene una parte razonable. Señalar a un juez por una resolución que no gusta puede ser irresponsable, y mucho más si se hace desde el poder. Pero la frase se queda corta cuando lo que aparece es una desconfianza social tan ancha.
La confianza institucional no funciona como un dogma. No se exige: se gana. Y se pierde cuando los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces se convierten durante años en un mercado de bloqueo, vetos y reparto; cuando cada investigación sensible se lee al segundo como munición electoral; y cuando partidos y medios seleccionan la independencia judicial a la carta, defendiendo la toga propia y sospechando de la ajena.
La izquierda no debería celebrarlo: debería tomárselo en serio
Desde una lectura progresista, el dato confirma que el discurso sobre la judicialización de la política ha salido del círculo militante. Pero sería un error celebrarlo como si fuera una victoria cultural. Que mucha gente crea que hay lawfare no es una medalla para nadie; es una señal de alarma.
Porque si la ciudadanía empieza a pensar que los tribunales son otro campo de batalla partidista, pierden todos: quien denuncia corrupción real, quien se defiende de una acusación injusta, quien necesita un juez laboral, una sentencia de familia o una respuesta frente a la Administración. La desconfianza que hoy se usa contra el adversario mañana cae sobre cualquier ciudadano que necesite justicia.
La reforma pendiente no cabe en un tuit
El camino serio pasa por separar dos cosas. Una: proteger a los jueces de campañas de acoso, insultos o presiones. Dos: aceptar que el sistema de gobierno judicial, los tiempos de instrucción, la filtración interesada de sumarios y la politización de algunos nombramientos dañan la apariencia de imparcialidad. Y en justicia la apariencia también cuenta.
El problema es que casi ningún partido quiere una reforma que le ate las manos cuando le toque usar el sistema a su favor. Todos piden neutralidad hasta que descubren que un bloqueo les viene bien, una filtración les conviene o una causa abierta les sirve para llenar tres semanas de campaña.
Por eso el dato del 65% debería leerse como un recado incómodo para todos. A la derecha, porque negar el malestar no lo hace desaparecer. A la izquierda, porque convertir cada procedimiento adverso en persecución puede terminar vaciando de sentido las denuncias reales. Y al Poder Judicial, porque la independencia no solo se proclama: también se explica, se cuida y se protege de la política que se le mete por las rendijas.