El caso Leire Díez vuelve a crecer en una dirección especialmente incómoda: la cúpula de la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exdirector del instituto armado Leonardo Marcos para el 10 de septiembre. No es una condena, ni siquiera una conclusión judicial cerrada. Es una imputación dentro de una causa que intenta aclarar si existió una trama para mover hilos, buscar información sensible y desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
La novedad pesa porque Marcos no era un cargo menor. Dirigió la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024. Según EFE, Pedraz atiende una petición de la acusación popular coordinada por el PP, que sostenía que los hechos investigados responderían a una actuación coordinada desde la cúpula del cuerpo. Esa es una hipótesis de parte, no un hecho probado. Lo comprobable hoy es más concreto: el juez lo cita como investigado y también llama como testigo al fiscal jefe de Badajoz.
La causa ya tenía nombres de alto voltaje: Leire Díez, exmilitante socialista; la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González; el director adjunto operativo Manuel Llamas; y antiguos dirigentes socialistas como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, entre otros. En política, una lista así funciona como gasolina. En un procedimiento penal, en cambio, cada nombre exige una prueba propia. Conviene no saltarse esa diferencia.
El relato que se investiga es turbio. Un colaborador de la Guardia Civil declaró este miércoles que Díez le pidió ayuda en nombre del “one”, a quien él identificó como Pedro Sánchez, y que decía estar en contacto con Mercedes González. RTVE añade que ese testigo habría preparado una reunión entre Díez y el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, y que la exmilitante buscaba información sobre la UCO. Son declaraciones de testigos y fuentes presentes en la causa: relevantes, sí; definitivas, no.
La derecha tiene aquí un filón evidente. Puede presentar el caso como la prueba de que el poder político quiso tocar la maquinaria que investiga al propio poder. Pero incluso esa lectura, por potente que sea, necesita cuidado: no hay resolución que atribuya al presidente una orden, ni una sentencia que dé por acreditada una trama desde Moncloa. Lo que hay es una investigación judicial con suficientes sombras como para exigir explicaciones y suficientes riesgos como para no convertir titulares en veredictos.
La izquierda tampoco puede refugiarse eternamente en la palabra “lawfare” como si fuera un paraguas mágico. Cuando una causa acumula mandos policiales, exdirigentes de partido, testigos y supuestas gestiones alrededor de la UCO, el mínimo democrático no es cerrar filas, sino abrir ventanas. Defender la presunción de inocencia no consiste en mirar al techo; consiste en dejar trabajar a los jueces y contestar políticamente sin insultar a la inteligencia del lector.
La clave está en septiembre. Marcos declarará después del verano, la gerente del PSOE y un abogado también están citados como investigados, y Pedraz ha pedido documentación sobre la tramitación de una denuncia contra Leire Díez en Badajoz. Hasta entonces, el caso seguirá siendo una mezcla peligrosa de hechos procesales, insinuaciones y guerra partidista.
Y ahí está el problema de fondo: cuando la confianza pública cae, cada diligencia parece una confirmación para unos y una conspiración para otros. La obligación de un medio serio no es escoger bando antes de tiempo. Es contar que la Justicia ha dado un paso importante, recordar que imputar no es condenar y exigir que nadie —ni partido, ni Gobierno, ni cuerpo policial— juegue con las investigaciones como si fueran piezas de campaña.