Hay una frase que suena muy democrática y puede ser profundamente tramposa: “que me juzgue el pueblo”. La han usado líderes de muy distinto color, pero esta semana vuelve a escena con dos nombres de la derecha radical europea: Marine Le Pen y Nigel Farage. Los dos han convertido sus problemas judiciales o de fiscalización pública en munición electoral. No piden solo votos; piden una especie de absolución política en las urnas.
RTVE ha trazado el paralelo. Le Pen anunció que quiere presentarse a las presidenciales francesas de 2027 después de que el Tribunal de Apelación rebajara su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo: tres años de prisión, con dos suspendidos y uno bajo control electrónico, 45 meses de inhabilitación —15 firmes— y 100.000 euros de pago obligatorio. Según esa información, los meses firmes de inhabilitación ya estarían cumplidos desde la condena inicial, lo que le permitiría concurrir.
Farage, por su parte, renunció a su escaño en Westminster para provocar una elección parcial en Clacton-on-Sea y presentarse de nuevo. Lo hace después de informaciones de The Sunday Times, recogidas por RTVE, sobre donaciones supuestamente no declaradas de George Cottrell, condenado en Estados Unidos en 2017 por fraude electrónico. Farage lo presenta como una pelea contra el “establishment” y contra una comisión parlamentaria que considera política.
El voto no sustituye a los controles
Desde una mirada liberal-conservadora seria, la tentación populista debería preocupar tanto como a la izquierda. Porque el Estado de derecho no existe para fastidiar a los líderes incómodos; existe para que el poder, también cuando gana elecciones, tenga límites. Las urnas deciden quién gobierna. No borran contabilidades, expedientes, incompatibilidades ni sentencias.
El truco retórico es eficaz porque apela a algo real: muchos ciudadanos desconfían de instituciones lentas, opacas o demasiado pegadas a las élites. Pero una cosa es exigir controles limpios y otra convertir cualquier investigación en una conspiración. Si cada juez, periodista, comisión o regulador pasa a ser “el sistema” cuando incomoda al líder propio, la política deja de ser representación y se convierte en plebiscito permanente sobre una persona.
Le Pen y Farage no son el mismo caso ni están en el mismo país. Francia y Reino Unido tienen reglas distintas. Tampoco hay que saltar de una investigación a una condena moral automática. La presunción de inocencia, cuando proceda, no es un adorno. Pero precisamente por eso conviene separar dos planos: defender garantías procesales no exige comprar el relato de que una victoria electoral equivale a limpieza ética.
España debería mirar el espejo europeo
El asunto importa en España porque ese lenguaje ya circula por todas partes. “Lawfare”, “Estado profundo”, “persecución”, “mafia judicial”, “prensa vendida”: cada bloque tiene sus palabras favoritas cuando los controles le aprietan. La diferencia entre denunciar abusos reales y dinamitar la confianza institucional está en la prueba. Sin prueba, solo queda ruido.
La derecha democrática tiene aquí una responsabilidad especial. Si permite que la derecha radical monopolice el discurso de “pueblo contra instituciones”, acabará atrapada en un marco donde cualquier contrapeso parece sospechoso. Y la izquierda tampoco debería hacerse la inocente: cuando los suyos están bajo foco, también cae demasiado rápido en señalar conspiraciones antes de admitir explicaciones.
Una democracia adulta necesita urnas, sí. Pero también jueces independientes, prensa que investigue, parlamentos que fiscalicen y normas que no cambien según el carisma del acusado. Que el pueblo vote es imprescindible. Que el pueblo sustituya a los tribunales, a las comisiones de control o a la rendición de cuentas es otra cosa. Y suele acabar mal.
La lección europea no es que Le Pen o Farage no puedan competir electoralmente si la ley se lo permite. La lección es más incómoda: cuando un líder pide que la urna funcione como lavandería, el votante debería preguntarse qué mancha intenta sacar.