Ley antitabaco: menos humo en las terrazas y más bronca en el Congreso

La nueva ley antitabaco entra en la parte menos higiénica de cualquier reforma sanitaria: la política. El Consejo de Ministros ya ha enviado a las Cortes el proyecto que actualiza la norma de 2005, con una idea central muy fácil de entender: menos humo en espacios compartidos y los vapeadores tratados como lo que son, productos con capacidad de enganchar. La teoría suena limpia. La tramitación, bastante menos.

El texto que presentó Sanidad quiere ampliar los espacios libres de humo y emisiones. La Moncloa cita terrazas de hostelería, marquesinas, andenes, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas colectivas, playas, parques nacionales, espacios exteriores de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte como taxis y VTC. También plantea que no se pueda fumar a menos de 15 metros de accesos a edificios públicos, centros sanitarios, educativos, culturales y deportivos, además de parques o recintos infantiles.

La lectura progresista es clara: durante años se ha vendido como “libertad” lo que muchas veces era la obligación de tragarse el humo de otro. Quien trabaja ocho horas en una terraza, quien espera un autobús con un niño o quien intenta dejar de fumar no vive una batalla filosófica; vive aire compartido. Y ahí el Estado tiene margen para proteger salud pública, especialmente cuando los nuevos formatos —vapeadores, tabaco calentado, bolsas de nicotina o dispositivos desechables— han encontrado huecos legales y estética amable para llegar a gente joven.

Pero el Gobierno tampoco debería fingir que basta con aprobar un buen titular. La norma va al Congreso, necesita apoyos y toca intereses reales: hostelería, comunidades autónomas, ayuntamientos, inspecciones y sanciones. Algunos territorios ya tenían restricciones propias, según recordó la ministra Mónica García, y ahora el Ejecutivo intenta ordenar el mapa de golpe. Eso abre una negociación donde cada partido podrá hacerse el adulto responsable, el defensor del bar de la esquina o el guardián de la salud, según le convenga ese día.

El riesgo de tergiversación está servido. No está aprobado definitivamente: está en tramitación parlamentaria. No convierte automáticamente a los hosteleros en infractores ni permite inventar una fecha cerrada de entrada en vigor sin seguir el recorrido legislativo. Y tampoco conviene venderlo como una guerra contra fumadores individuales. La clave está en otra parte: quién paga el coste de convivir con humo y emisiones en espacios que no son el salón privado de nadie.

La pregunta política de fondo es si el Congreso será capaz de discutir salud pública sin convertir cada cenicero en una guerra cultural. Porque si la derecha reduce todo a “prohibicionismo” y la izquierda se limita a cantar victoria moral, el debate se empobrece. Hay que hablar de inspección, de transición para negocios, de protección laboral y de prevención juvenil. Lo demás es humo, nunca mejor dicho.