El Gobierno ha enviado a las Cortes una reforma financiera que no hará ruido de barra de bar, pero toca algo mucho más cotidiano de lo que parece: pagos, criptoactivos, ciberseguridad bancaria y la manera en que las empresas prueban nuevos servicios con dinero real de clientes reales. Es el tipo de ley que se esconde detrás de una app del banco cuando funciona bien… y detrás de un problema enorme cuando funciona mal.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero y acordó remitirlo a las Cortes Generales. Europa Press recogió que la norma busca adaptar la legislación española al marco europeo y actualizar piezas clave del sistema financiero para aprovechar la digitalización sin soltar dos frenos básicos: protección de usuarios y estabilidad financiera.
La primera clave está en los criptoactivos. El proyecto aborda la adaptación al nuevo marco europeo y, según la información publicada, incorpora a los proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales. Dicho sin niebla técnica: quien opera en ese mercado no puede jugar a ser una financiera moderna cuando conviene y una tienda opaca cuando toca rendir cuentas.
La segunda pata es la seguridad. La reforma se alinea con DORA, el reglamento europeo de resiliencia operativa digital, y refuerza la ciberseguridad y la operativa de pagos. Esto no va de que el Estado descubra ahora que existen los hackers. Va de asumir que bancos, pagos y proveedores tecnológicos forman una sola cadena: si se rompe un eslabón, el problema no lo sufre una abstracción llamada “sector”, lo sufre el cliente que no puede pagar, cobrar o acceder a su dinero.
También hay una lectura de competencia. El texto abre el sistema de pagos a nuevos operadores y moderniza infraestructuras críticas como Iberpay. El Gobierno lo vende como una forma de hacer el sector más competitivo. La promesa suena bien: más innovación, más opciones y menos dependencia de los actores de siempre. La pregunta incómoda es la de siempre: quién vigila que la apertura no se convierta en una carrera para rebajar controles o trasladar riesgos al usuario.
Otro bloque mira a los mercados de capitales. La ley transpone la directiva que conecta a España con el Punto de Acceso Único Europeo, el ESAP, un repositorio europeo que reunirá información financiera y no financiera divulgada públicamente por las empresas. La idea es facilitar a inversores y mercados el acceso a información comparable. Más transparencia, en teoría; menos excusas para que ciertos datos vivan enterrados en documentos imposibles, también.
Y luego está el sandbox financiero, esa especie de zona de pruebas donde empresas y supervisores experimentan con proyectos innovadores bajo reglas controladas. La reforma lo moderniza: las empresas podrían presentar proyectos en cualquier momento del año, se reducen cargas y costes de participación, se prevé un canal directo con el SEPBLAC y solo se exigirían garantías financieras cuando haya clientes reales y dinero real en las pruebas. Bien usado, puede ayudar a que la innovación no se vaya fuera. Mal usado, puede convertirse en una alfombra roja para vender experimentos como si fueran derechos consolidados.
La izquierda debería mirar esta reforma con una exigencia clara: digitalizar no puede significar desproteger. Si una persona mayor, un autónomo o una familia con poca alfabetización financiera queda fuera del sistema por una mezcla de apps, claves, cierres de oficina y letra pequeña, la modernización será solo otro nombre para la exclusión. El progreso financiero se mide también en quién puede reclamar cuando algo falla.
La derecha liberal, por su parte, tiene otro argumento razonable: España no puede regular la innovación como si cada novedad fuera una amenaza. Si las normas son claras, compatibles con Europa y no ahogan a quien quiere competir, el sector puede atraer inversión y construir servicios mejores. La clave está en no confundir menos burocracia con menos responsabilidad.
La ley empieza ahora su recorrido parlamentario. No conviene venderla como una revolución ya consumada, porque aún debe tramitarse. Pero sí marca una dirección política: el dinero cada vez se mueve más por tuberías digitales, y el Estado quiere decidir quién entra, con qué controles y bajo qué responsabilidad. La pelea no será solo técnica. Será sobre confianza: quién la merece, quién la supervisa y quién paga si algo se rompe.