Este miércoles a las tres de la tarde vencía el plazo. Los ministerios de Exteriores y Justicia tenían cinco días para entregar al Tribunal Supremo los listados de personas que se habían nacionalizado por la llamada ley de nietos y que tienen el voto exterior cautelarmente suspendido. Han cumplido: 163.355 nombres en una tabla que la Abogacía del Estado pide que quede reservada para evitar usos ilegítimos de los datos personales.

Pero hay un número mucho más pequeño que importa más: 901. Eso es todo. De más de 163.000 personas, apenas novecientas y una han conseguido un certificado consular que acredite formalmente que son hijas o nietas de exiliados políticos. Solo esas 901 podrán votar desde el extranjero en las elecciones del 29 de noviembre.

Para entendernos: ¿qué es el CERA y por qué importa ahora?

El CERA —Censo Electoral de Residentes Ausentes— es el registro donde se apuntan los españoles que viven fuera y quieren votar desde allí. Es distinto del CER, que es el censo normal de la gente que vive en España. La suspensión que ha ordenado el Supremo afecta solo al CERA. Si alguien se nacionalizó por la ley de nietos y vive en Madrid, su derecho a votar de momento no está tocado. Pero si vive en Buenos Aires o en Ciudad de México —que es donde suele estar la mayoría de los afectados— está prácticamente fuera.

Decimos «prácticamente» porque la excepción son esos 901 que tienen el papel correcto. El Supremo ha dicho que para votar desde el extranjero hay que acreditar la condición de exiliado no por presunción —como hacía la instrucción ministerial que se impugnó— sino por la vía que marca la propia ley: un certificado consular. Y apenas novecientas y una personas lo tienen.

¿Quién montó esto y por qué?

Los recursos que llevaron a esta situación los interpusieron Vox e Iustitia Europa. Su argumento: el Gobierno presumía que cualquiera que saliese de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 era un exiliado político, sin exigir prueba individual de esa condición. El Supremo les dio la razón en sede cautelar —es decir, de forma provisional, mientras el tribunal resuelve el fondo del asunto—.

El Gobierno responde que los procedimientos que aplicó son idénticos a los de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que funcionaron con total normalidad en elecciones anteriores. También ha enviado el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral los datos de 76.600 personas registradas por la Ley de Memoria Democrática. Pero el Supremo, de momento, no ha levantado la suspensión.

El impacto real: menos de 14.000 votos en juego, según el Ejecutivo

El Gobierno estima que el impacto práctico sería inferior a 14.000 votos distribuidos en 52 circunscripciones, lo que representaría menos del 0,06% del total de votos de 2023. Añaden que el listado entregado al Supremo incluye menores de edad y personas ya fallecidas, lo que reduce aún más el número real de votantes afectados.

Son datos que conviene poner sobre la mesa sin distorsionarlos: puede que el efecto sobre el reparto de escaños sea pequeño. Pero la pregunta que queda en el aire es otra. ¿Cuántas de estas personas llevan años esperando ejercer un derecho que la ley les reconoció, y se van a quedar fuera por no tener un papel que nadie les explicó claramente que necesitarían?

La siguiente jugada: intentarlo con los que viven en España

Iustitia Europa no se ha conformado con lo conseguido. Este mismo miércoles ha pedido al Supremo que extienda la suspensión a los nacionalizados por la ley de nietos que sí residen en España. Es decir, que afecte también al CER, no solo al CERA. Por ahora el Tribunal no se ha pronunciado, y cualquier análisis que lo dé por hecho sería especular antes de tiempo.

A un mes del 29-N

Estamos a treinta días de las elecciones generales. La ley de nietos fue una de las medidas más simbólicas de la legislatura: darle la nacionalidad a los descendientes de quienes tuvieron que irse de España huyendo del franquismo. Ahora una parte importante de esas personas no puede votar desde fuera, salvo las 901 que tienen el certificado que el sistema les exige.

El Gobierno dice que ha cumplido con el plazo del Supremo y que el procedimiento era legítimo. La derecha dice que estaba mal hecho desde el principio. El Supremo decidirá en el fondo cuando lo estime oportuno. Y mientras tanto, la papeleta de 163.355 personas sigue, literalmente, en el aire.

Fuentes y contexto