El lunes 27 de octubre, a las seis de la tarde, dieciséis representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil decidieron hacer algo que nunca habían hecho: quedarse. Entraron en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y anunciaron que no saldrían hasta tener una respuesta real. El encierro duró pocas horas. La Unidad de Prevención y Reacción los desalojó. Antes, según denunciaron ellos mismos, les cortaron el agua y la comida. Primera vez en la historia de estas organizaciones. Y la respuesta del Estado fue enviar a los suyos a echarlos.
Un encierro pacífico y un desalojo exprés
Dieciséis representantes. SUP, JUPOL y UFP por parte de la Policía Nacional. AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC, IGC y la Unión de Cabos por la Guardia Civil. Organizaciones sindicales y asociativas con representación legal, elegidas por los propios agentes. No son radicales ni alborotadores. Son los interlocutores que el propio Gobierno eligió para sentarse a negociar.
Se sentaron en Interior a las seis de la tarde del 27 de octubre. Dijeron que no se moverían hasta tener una solución real o hasta que el ministro Fernando Grande-Marlaska se presentara a dar la cara. No rompieron nada. No bloquearon accesos. No amenazaron a nadie. Pidieron lo que llevan casi un año pidiendo: una jubilación digna y el reconocimiento oficial de su trabajo como profesión de riesgo.
La respuesta del Gobierno, según denuncian los propios representantes: cortarles el agua y la comida. Y enviar la UPR a desalojarlos.
JUPOL lo publicó en X sin rodeos: el mismo Gobierno que no desaloja a los ocupantes ilegales de viviendas, que no levanta las acampadas de la Puerta del Sol, sí manda a sus propios agentes a sacar de un despacho a los representantes legítimos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es la opinión del sindicato. Pero nadie la desmiente con hechos.
La mesa que muere con las urnas
No es que no haya habido negociación. La mesa técnica existe desde el 29 de abril de 2026. Seis reuniones. Presidida por la secretaria de Estado de Seguridad. Seis meses de documentos, compromisos, plazos y más reuniones. Casi un año, según los sindicatos.
Y ahora Interior dice que la convocatoria de elecciones generales —el 29 de noviembre está en el calendario— «no permite seguir avanzando». Que están dispuestos a retomarlo en la próxima legislatura.
Tradúcelo: no ahora. Después de votar. Si queda presupuesto. Si hay voluntad política. Si el Gobierno que gane quiere.
Interior añade que ya reconoció la singularidad penosa, peligrosa e insalubre del trabajo policial en el marco retributivo, y que trabajó «intensamente» en la cuestión. Puede que sea verdad. Pero los sindicatos dicen que lo que hay sobre la mesa no es una solución. Llevan meses diciéndolo. Y ayer decidieron demostrarlo.
El problema de fondo es fácil de entender: los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen las mismas condiciones de jubilación que sus compañeros de policías autonómicas y locales. «Misma jubilación, mismo riesgo, mismos derechos», repiten los sindicatos. No parece una exigencia desproporcionada para alguien que lleva décadas en la calle.
Qué cambia y qué no
El encierro ha terminado. Los representantes fueron desalojados. No hay acuerdo. No hay fecha para retomar la negociación. Y el Gobierno entra en precampaña con un discurso muy trabajado sobre seguridad ciudadana.
Es el tipo de contradicción que solo funciona si nadie la señala.
Puedes vender seguridad en los mítines mientras la gente que hace posible esa seguridad se encierra en tu propio ministerio para que alguien les preste atención. Puedes hablar de respeto a las fuerzas del orden mientras sus representantes denuncian que les cortaron el agua en un despacho del Estado. Puedes decir que trabajaste «intensamente» y al mismo tiempo cerrar la mesa porque hay elecciones.
Lo que piden no es revolucionario. Es equiparación. Es que su cuerpo desgastado por décadas de servicio pueda retirarse con las mismas condiciones que el de un compañero de Mossos d'Esquadra o Ertzaintza. Eso es todo.
El Gobierno prefiere que eso espere a la próxima legislatura. Las urnas están a poco más de un mes. Y los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil amanecen esta mañana fuera del ministerio, sin acuerdo, con el mismo problema que tenían ayer a las seis de la tarde.
La pregunta no es si tenían razón en encerrarse. La pregunta es por qué hizo falta llegar hasta aquí para que alguien se enterara.