Marlaska se entera por la prensa: el informe de la Policía que señala a Marruecos le revienta el relato

Hay crisis de frontera y hay crisis de despacho. Este miércoles, en pleno Día de Ceuta y a menos de un día de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, el Ministerio del Interior ha pasado de discutir la narrativa sobre Marruecos a pelearse con su propia cadena de mando policial.

Según adelantos de El Español y coberturas de El Mundo, La Voz de Galicia y otros medios, un informe del CENIF —el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras— sostiene que la entrada masiva en Ceuta de finales de julio no fue un simple aluvión espontáneo. El documento, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, atribuye a agentes y gendarmes marroquíes un papel de dirección y planificación orientado a colapsar el control fronterizo. Hay que subrayarlo con precisión: eso es lo que dice el informe policial según la prensa; no es todavía una sentencia ni una confesión diplomática.

El problema político no empieza solo en la frontera. Empieza cuando el Gobierno llevaba semanas insistiendo en que no había indicios de que las autoridades marroquíes empujaran la crisis… y el papel interno apunta en otra dirección. El Mundo recuerda que el propio Sánchez dijo el lunes en la Cadena SER que no había información de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, CNI u otros centros que alumbrara dudas sobre la participación marroquí. Si el informe del CENIF es el que se describe, esa frase ya no cabe en una nota de prensa amable.

Fernando Grande-Marlaska ha reaccionado con una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, pidiendo que aclare si lo publicado es cierto, desde cuándo disponía la Policía de esa investigación y por qué no llegó a Interior. El ministro no se esconde detrás de un tuit. Invoca la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional y la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta: si la información es real, dice, debía estar sobre la mesa del Consejo de Seguridad Nacional y de quien dirige la política interior y exterior. En cristiano: o el ministro no mandaba, o alguien le dejó fuera del circuito, o ambas cosas a la vez.

Varios relatos periodísticos añaden un detalle institucional molesto: el informe no habría pasado por la Dirección General de la Policía. Si se confirma, el Estado habría investigado un posible empujón exterior a Ceuta… sin que el ministro del Interior lo tuviera encima de la mesa a tiempo para gobernar. Eso no es un matiz de organigrama. Es una grieta de mando.

La oposición no ha necesitado traductor. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Marlaska en X y le ha acusado de hacerse el sorprendido tras negar durante un mes la dimensión de la crisis. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha hablado de mentira gubernamental y ha enlazado el escándalo con las concentraciones de apoyo a Ceuta. No es solo el PP: IU (Antonio Maíllo) y Podemos (Pablo Fernández) también reclaman dimisión o responsabilidades claras. Maíllo, con más matices, plantea la alternativa: si el informe no llegó a Marlaska, la deslealtad sería de la cúpula policial; si llegó y no se tramitó, la responsabilidad es del ministerio. Sumar exige explicaciones a sus socios del PSOE. Hasta el sindicato policial Jupol, según La Voz de Galicia, pide cambios en Interior.

Desde el entorno del ministerio, The Objective describe malestar, reuniones tensas en la Dirección General y la posibilidad de destituciones si las explicaciones de Pardo no convencen. Conviene no convertir el rumor en cese: al cierre de esta pieza no hay anuncio oficial de relevos. Pero el marco ya está marcado: o Interior demuestra que la información no existía o no era lo que se ha contado, o alguien —político o policial— tiene que responder por un agujero de seguridad nacional en plena crisis de Ceuta.

El fondo no es solo si Marlaska se enteró por la prensa. El fondo es si España puede permitirse que un informe que, según esos medios, incluye incluso indicios visuales de dirección sobre el terreno, no alimente a tiempo la política exterior, la frontera y el relato público del presidente. Cuando el Gobierno minimiza la responsabilidad marroquí y la propia Policía documenta lo contrario ante un juzgado, el problema deja de ser de comunicación. Pasa a ser de autoridad.

Ceuta necesita retornos, orden y ayuda real. También necesita un Interior que no descubra la carpeta clave el mismo día en que la calle se llena de concentraciones y el Congreso espera explicaciones. Si el informe del CENIF es sólido, alguien mintió por omisión o por descontrol. Si no lo es, Interior debe desmontarlo con papeles, no con indignación. En cualquiera de los dos escenarios, la pregunta del PP —y de parte de la izquierda extragubernamental— es la misma: ¿quién manda de verdad en la seguridad del Estado?