Marlaska tropieza con el muro del CGPJ: seguridad nacional con el Gobierno mirando por la cerradura

España tiene un problema cuando una crisis de frontera acaba convertida en un laberinto donde el Gobierno no puede saber qué sabe su propia Policía. Eso es lo que deja sobre la mesa el choque entre Fernando Grande-Marlaska e Isabel Perelló: no una bronca cualquiera, sino la pregunta incómoda de quién puede manejar información crítica cuando Ceuta se declara asunto de seguridad nacional.

Según elDiario.es y ABC, el ministro del Interior envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ para mostrar su malestar por la decisión de la jueza María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional. Tardón habría prohibido al equipo policial que investiga la crisis migratoria de Ceuta informar a sus superiores sobre sus pesquisas o sobre el contenido del informe. Dicho claro: los agentes trabajan para la jueza, pero sus mandos políticos quedan fuera del circuito.

Perelló respondió con firmeza. Defendió que la actuación de Tardón forma parte de sus funciones constitucionales y recordó que el Poder Judicial no puede aprobar, censurar ni corregir actuaciones judiciales. ABC cita los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una respuesta jurídicamente sólida. Pero también deja un vacío político enorme: si el Ejecutivo debe gestionar una crisis de seguridad nacional, ¿con qué información lo hace?

Marlaska no planteó su queja en términos de rebelión contra la jueza. En la carta, según las fuentes consultadas, asegura respetar la independencia judicial, el deber de colaboración con los órganos judiciales y la dependencia de la policía judicial respecto de jueces y tribunales. Su argumento es otro: al haberse declarado la situación de interés para la seguridad nacional bajo la Ley 36/2015, debería ser posible atender a la magistrada y, al mismo tiempo, poner en conocimiento de superiores y responsables políticos las circunstancias relevantes para tomar decisiones.

La independencia judicial no arregla una frontera sola

La independencia judicial es intocable. Sin ella, una investigación sensible se convierte en plastilina del poder. Pero la seguridad nacional tampoco funciona con compartimentos estancos llevados al absurdo. Si una crisis exige coordinación de Interior, Exteriores, Defensa, Policía, Guardia Civil y Moncloa, bloquear el flujo de información hacia la cadena de mando política puede dejar al Gobierno gestionando a ciegas justo cuando más necesita precisión.

La clave está en el cauce. No se trata de que un ministro pueda meter la mano en un sumario, ordenar a una jueza o usar informes policiales como munición partidista. Eso sería inaceptable. Se trata de si el Estado dispone de mecanismos limpios para compatibilizar investigación judicial y gestión de una emergencia nacional. Marlaska dice que sí debería haberlos. Perelló responde que el CGPJ no puede corregir a la instructora. Y entre ambos queda el agujero: nadie explica al ciudadano cómo se gobierna una crisis cuando la información queda troceada entre juzgado y ministerio.

Además, el contexto de Ceuta no es una carpeta menor. ABC ha publicado que el informe policial apunta a participación activa de la gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. El Gobierno, por su parte, ha evitado convertir esa línea en acusación cerrada contra Rabat. Conviene no saltar de un informe a una sentencia: no hay resolución judicial firme que cierre la película. Pero precisamente por eso la información importa. Cada matiz puede cambiar la respuesta diplomática, policial y política.

Perelló gana el pulso jurídico; el Gobierno pierde el mapa

Perelló ha blindado la posición corporativa correcta: los jueces no se revisan desde el Gobierno, ni siquiera con una carta elegante. Pero una democracia adulta debería ser capaz de hacer dos cosas a la vez: proteger una investigación judicial y permitir que el Ejecutivo tenga datos suficientes para proteger la frontera, atender una crisis humanitaria y evitar una escalada diplomática.

Si no existe ese canal, hay que crearlo con garantías. Si existe y no se usó, alguien debe explicarlo. Y si la orden judicial era imprescindible para impedir interferencias, también debe asumirse el coste político de dejar a Interior sin parte de la información operativa.

El caso no autoriza a acusar a Perelló ni a Tardón de actuar por consigna. Tampoco permite convertir a Marlaska en culpable de nada que un juez no haya dicho. Pero sí enseña una grieta seria: España puede tener jueces independientes y, al mismo tiempo, un Gobierno mal informado en una crisis de Estado. Y esa combinación, por muy constitucional que suene el papel, es dinamita institucional.