Hay desayunos que salen caros. El de Irene Montero este viernes en el Hotel InterContinental de Madrid, en los Desayunos de Europa Press, venía con café, zumo y una carta a los Reyes Magos capaz de hacer temblar cualquier hoja de cálculo. La candidata de Podemos al 29-N desplegó un menú económico de esos que suenan de maravilla… mientras nadie pregunta quién paga la cuenta.
El plato fuerte: bajar la edad de jubilación a los 63 años y, a la vez, subir las pensiones mínimas y las no contributivas. Trabajar menos años y cobrar más. Montero asegura que el sistema público está «perfectamente preparado» para asumirlo. Ojalá. Pero conviene recordar el detalle aburrido de siempre: las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los que hoy trabajan. Si entran menos años de cotización por cabeza y salen prestaciones más altas, la pregunta no es ideológica, es de aritmética. Y en el desayuno nadie puso sobre la mesa una memoria económica que explicara de dónde sale la diferencia.
Montero lo tiene claro: el problema, dice, son los que quieren «privatizar», un consenso que atribuye a PP y PSOE, y rechaza de plano la llamada mochila austriaca. También le dedicó un recado a Santiago Abascal —«vas a aplicar la motosierra»—. Titular redondo. El pequeño inconveniente es que avisar de los recortes ajenos no financia los propios.
El dinero que se gasta cinco veces
Aquí viene lo bueno. Montero propone coger el incremento del gasto militar —cifra que ella sitúa en 24.000 millones desde 2023, partiendo de un presupuesto de 12.000 millones aquel año— y reorientarlo «a lo social». Y, según dijo, hacerlo sin pasar por una votación parlamentaria. Pásmense: el dinero de todos, redirigido sin que las Cortes digan ni mu. Para quien lleva años invocando la democracia, saltarse el Parlamento en la decisión más democrática que existe —aprobar en qué se gasta— tiene su gracia.
¿Y en qué irían esos 24.000 millones? Agárrense. Nacionalizar Repsol (9.100 millones, según su propio cálculo). Contratar 40.000 sanitarios y 40.000 docentes. Expropiar el uso de las viviendas en manos de fondos. Montar un supermercado público. Meter 1.000 millones contra las violencias machistas. Y remunerar un permiso de ocho semanas por cuidados. Todo. Con la misma bolsa. Uno hace la suma gruesa y entiende enseguida que ese dinero, en el discurso, da para cinco presupuestos. En la realidad, solo hay uno.
Lo de Repsol merece parada. Nacionalizar una multinacional energética por 9.100 millones —de nuevo, su cifra— no es apretar un botón: es comprar o expropiar una empresa cotizada, con accionistas, deuda y tribunales de por medio. ¿De verdad entra en la misma hucha que paga a 80.000 funcionarios nuevos? Son preguntas, no sentencias. Pero son justo las preguntas que un desayuno informativo, sin letra pequeña, deja sin responder.
Más sueldo, menos horas y casas que no se compran
En lo laboral, Montero pide un salario mínimo de 1.800 euros al mes y una jornada de 30 horas semanales. Y conviene no mezclar churras con merinas: el SMI hoy ronda los 1.286 euros, el Gobierno maneja su propio debate —distinto— sobre la cifra, y lo de Montero es otra cosa, un salto de más de 500 euros de un plumazo. A los grandes números no les pasa nada; el problema lo tienen la peluquería del barrio, el bar de la esquina o la pyme que ya va justa. Subir el coste del trabajo y recortar un cuarto la jornada a la vez es pedirle a quien contrata que haga magia. O que, directamente, no contrate.
En vivienda, la propuesta estrella es prohibir la compra especulativa —solo se podría comprar para residir— y volcar los fondos al alquiler social. Traducido: el Estado decide por ti si tu casa es un hogar o una «especulación». Lo que nadie explica es cómo se construye más vivienda espantando a quien invierte en construirla. Sin oferta nueva, el alquiler social se reparte lo que hay. Y lo que hay, ya lo sabemos, es poco.
El hilo conductor fue siempre el mismo: el artículo 128 de la Constitución —«toda la riqueza… subordinada al interés general»—, los gobiernos como «guardaespaldas» de los ricos y la promesa de «freír a impuestos» a quien más tiene. Incluso reprochó al PSOE haber retirado los gravámenes a las energéticas. El relato es coherente consigo mismo. Con la caja, bastante menos.
Que quede claro: hablamos de propuestas de campaña lanzadas en un desayuno informativo, no de un programa cerrado con memoria económica publicada. Nadie ha enseñado todavía la factura. Y precisamente por eso toca decirlo sin tecnicismos: jubilarse antes, cobrar más, trabajar menos horas, nacionalizar empresas y abrir supermercados públicos es una lista preciosa… hasta que llega el recibo. El 29-N alguien tendrá que explicar quién lo paga. Pista: casi siempre acaba pagando el mismo.