El Senado ha dado otro giro a la llamada pasarela al RETA para mutualistas, y no precisamente menor: el texto que sale de la Cámara Alta deja fuera a los mutualistas ya jubilados, salvo quienes cobren pensión de viudedad. Es una de esas decisiones que suenan a tecnicismo de Seguridad Social hasta que se traducen: hay profesionales que esperaban usar sus años en mutualidades alternativas para mejorar su pensión pública y ahora vuelven a quedarse mirando desde la puerta.

Según Europa Press, el PP se ha autoenmendado en el Senado. En el Congreso, los populares habían logrado aprobar una enmienda que ampliaba el alcance de la pasarela a mutualistas pasivos. Pero al llegar el texto al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, el partido introdujo una nueva corrección para excluir a quienes ya sean pensionistas de un régimen público o de la propia mutualidad alternativa.

Qué es la pasarela y por qué importa

La medida busca dar salida a un problema real: miles de profesionales colegiados —abogados, arquitectos, médicos y otros perfiles que durante años cotizaron en mutualidades alternativas— han denunciado pensiones bajas o situaciones de desprotección. La pasarela permitiría transferir derechos económicos acumulados en esas mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA, para mejorar la futura pensión.

El texto aprobado por el Senado mantiene esa puerta para quienes todavía no son pensionistas. También introduce reglas sobre cómo se calcularán los periodos trasladados: una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima que habría correspondido en autónomos. Para quienes tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, o iniciaran actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995, se conserva la fórmula del 1x1: cada mes en la mutualidad contará como un mes completo en el RETA.

La política de la letra pequeña

Desde una mirada social, el problema no es que una ley necesite límites. Claro que los necesita. El problema es vender una solución para corregir carreras profesionales mal protegidas y luego ir estrechando la entrada a golpe de enmienda. En el papel queda muy limpio; en la vida de la gente, la diferencia puede ser una jubilación algo más digna o seguir atrapado en una prestación que no alcanza.

La derecha tiene un argumento que no conviene caricaturizar: cualquier traslado de derechos al sistema público debe cuadrar financieramente y no abrir una factura imposible de medir. Pero ahí está precisamente la obligación política: explicar el coste, fijar reglas claras y no marear al colectivo con una promesa que cambia de forma en cada Cámara.

Ahora el balón vuelve al Congreso. La Cámara Baja tendrá que decidir si acepta los cambios del Senado o los rechaza antes de la aprobación definitiva y su publicación en el BOE. Y ahí se verá si la pasarela es una reparación amplia o una puerta estrecha diseñada para que solo pasen algunos.