El Congreso vuelve a abrir una carpeta que España ha dejado demasiadas veces en el cajón: la nacionalidad de los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española y de sus descendientes. La Comisión de Justicia tiene fijada este jueves una sesión extraordinaria para emitir dictamen sobre la proposición de ley. No es todavía la aprobación final, pero sí un paso político con carga histórica.

Según la agenda oficial del Congreso, la comisión se reúne a las 09.15 para dictaminar la iniciativa. Europa Press adelanta que la previsión es que el texto no llegue al Pleno hasta septiembre, salvo que se convoque otro pleno extraordinario. Después quedaría el Senado. Traducido: la puerta se mueve, pero todavía no está abierta del todo.

Una nacionalidad que llega con medio siglo de retraso

La ley busca facilitar la adquisición de la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental cuando el territorio estaba bajo administración española y a sus descendientes. Sumar cifra en 80.000 los posibles beneficiarios. El País publicó a finales de junio que la iniciativa había avanzado con el rechazo de PP y Vox, mientras que Junts se abstuvo en ponencia, según la información recogida por Europa Press.

El asunto no cabe en la típica bronca de pasillo. Habla de memoria, de papeles, de familias y de una relación política que España nunca ha terminado de cerrar con dignidad. Para muchas personas, la nacionalidad no es un símbolo: es poder estudiar, trabajar, viajar o acreditar una historia familiar sin chocar contra una ventanilla que les pide demostrar lo que el propio Estado dejó a medias.

El detalle clave está en qué documentos valen

La propuesta no concede la nacionalidad automáticamente. Según Europa Press, la condición de saharaui nacido bajo administración española podría acreditarse con DNI español aunque no esté vigente, inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificados de nacimiento, libro de familia, escolarización, pensiones o documentos sanitarios, entre otros.

Ahí aparece una de las líneas delicadas: el PSOE no ha aceptado dar por válidos los documentos expedidos por el Frente Polisario, al no estar reconocido oficialmente como autoridad. Es un matiz jurídico, sí, pero también político. Porque en una historia marcada por desplazamientos, archivos incompletos y décadas de provisionalidad, cada documento admitido o rechazado decide quién puede entrar por la puerta y quién se queda fuera mirando.

Reparación sin convertirla en propaganda

Desde una mirada progresista, esta ley puede leerse como una reparación mínima: no arregla la historia del Sáhara, no resuelve el conflicto internacional y no sustituye una política exterior clara. Pero sí reconoce que España tiene una responsabilidad concreta con personas que quedaron atrapadas entre la administración colonial, la retirada y el limbo documental.

La derecha tiene derecho a preguntar por garantías, controles y seguridad jurídica. Lo que no debería hacer nadie es convertir a los posibles beneficiarios en una amenaza abstracta. La proposición habla de plazos, documentos y tramitación; no de una barra libre. La solicitud, según el texto descrito por Europa Press, no estaría sujeta a gravamen y debería presentarse en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, que se produciría seis meses después de su publicación en el BOE.

El punto más honesto es admitir lo que falta: comisión no es Pleno, Pleno no es Senado y Senado no es BOE. Pero que el Congreso vuelva a empujar este expediente ya dice algo. España puede seguir tratando el Sáhara como una molestia diplomática o puede empezar por lo básico: reconocer en papeles una historia que durante décadas ha pesado sobre personas concretas. Y los papeles, en política, a veces son más que papeles.

Fuentes y contexto