Hay deudas que no caducan aunque la diplomacia prefiera mirar a otro lado. Esta semana el Congreso entra en una de ellas: la proposición de ley de Sumar para abrir la nacionalidad española a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y, en los términos del texto, a su círculo familiar previsto.
No es un gesto cosmética. Es intentar cerrar un limbo de medio siglo para personas que España administró y después dejó en un pasillo jurídico mientras el tablero del Magreb mandaba.
El PSOE dice sí… y dice que no pide permiso
El 8 de septiembre de 2026, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, zanjó la duda de su grupo: votarán a favor. Enmarcó la norma como un derecho reconocido hace cincuenta años que nunca se pudo ejercer del todo. Lo llamó reparación histórica. Y, a la pregunta incómoda —¿y Marruecos?—, respondió sin ambages: hacen política de forma autónoma, sin que les condicione lo que piense Rabat.
Esa frase no es menor. Llega en un momento en el que la relación bilateral arrastra tensión tras la entrada masiva en Ceuta a finales de julio de 2026 y el ruido sobre las ciudades autónomas. Medios y fuentes socialistas admiten nerviosismo por posibles reacciones. Nerviosismo no es represalia confirmada. Conviene no inventar castigos que aún no existen. Pero sí señalar el chantaje preventivo del debate: si cada derecho de los saharauis se mide por el humor de Rabat, el derecho deja de ser derecho y pasa a ser variable de política exterior.
De la cautela al sí
El camino del PSOE no fue lineal. Había votado a favor del dictamen en comisión, pero meses antes se opuso en la admisión a trámite, un gesto leído como guiño de prudencia hacia Marruecos. Ahora el «sí» del pleno está confirmado. Según las coberturas, la iniciativa saldría adelante con socialistas y bloque de investidura. Después iría al Senado; si la Cámara Alta la frenara, el Congreso conserva la última palabra. El nudo político, por tanto, es este jueves en la Cámara Baja.
Sumar lo empuja con nombres propios. La diputada Tesh Sidi, de origen saharaui, y la portavoz Verónica Martínez Barbero han pedido al PP abandonar la abstención y sumarse al reconocimiento. El Grupo Popular, según fuentes recogidas el martes, arrastra divergencias internas: apoyó la admisión a trámite, se abstuvo en comisión y el 8 de septiembre aún calibraba el voto del pleno. No hace falta insultar al PP para describir el dilema: entre memoria colonial, realismo con Rabat y presión de su electorado, el partido todavía no ha cerrado el relato.
Papeles, no eslóganes
La ley no reparte pasaportes por consignas. Las coberturas detallan vías de acreditación: DNI español de la época —aunque esté caducado—, certificado ligado al censo del referéndum de la ONU, documentación de los campos de refugiados de Tinduf, partida de nacimiento, libro de familia u otros medios previstos en el texto. Eso importa. Habla de personas concretas con biografía administrativa española, no de un cheque en blanco geopolítico.
Desde la izquierda, el marco es este: si España administró aquel territorio y dejó a su población en un limbo, la reparación no es capricho identitario; es continuidad de un vínculo jurídico incompleto. Se puede discutir el diseño técnico, los plazos de solicitud o el alcance familiar. No se puede pretender que el derecho individual quede eternamente a la espera de un semáforo diplomático.
Ceuta tensiona el clima; no anula el expediente
Quien quiera usar Ceuta para tumbar la nacionalidad saharaui mezcla planos. La presión migratoria, la seguridad de la ciudad y la responsabilidad de cada actor en la crisis de julio merecen investigación, datos y política de fronteras. La nacionalidad de quien nació bajo bandera española antes de 1977 es otro expediente: el de la reparación y la ciudadanía.
Tampoco conviene el triunfalismo ingenuo. Aprobar en el Congreso no agota el trámite. Habrá Senado, desarrollo reglamentario y una montaña de expedientes reales. Habrá ruido exterior. Puede haber coste bilateral; eso, de momento, es hipótesis política, no hecho consumado. Lo que sí es hecho es el anuncio socialista de no subordinar el voto al parecer de Rabat.
En el metro, la pregunta es más llana: ¿debe España reconocer de una vez a quienes ya formaron parte de su mapa administrativo, o prefiere otros cincuenta años de limbo por miedo a enfadar a un vecino? La proposición de Sumar y el sí de López eligen lo primero. El PP decidirá si se queda en la abstención o mira de frente a esa deuda. Y el Gobierno, si de verdad cree en la autonomía que predica, tendrá que sostener el derecho cuando empiecen las llamadas difíciles.