Hay votaciones que retratan a un país, y la del 30 de junio en el Congreso fue una de ellas. La Cámara sacó adelante la concesión de la nacionalidad española a los saharauis con el rechazo del PP y de Vox. Ojo: no es todavía una ley cerrada y definitiva, queda recorrido por delante. Pero como gesto político pesa, y mucho, porque obliga a España a mirar de frente una deuda que llevaba décadas debajo de la alfombra.

Reparar no es hacer un favor

Conviene recordar de dónde viene esto, porque la memoria corta siempre juega a favor de quien prefiere no pagar sus cuentas. El Sáhara Occidental fue territorio administrado por España, colonia y hasta provincia sobre el papel. Y cuando España se marchó, lo hizo por la puerta de atrás, dejando a toda una población en tierra de nadie. Muchos saharauis arrastran desde entonces algo que en pleno siglo XXI suena casi medieval: la apatridia. Personas sin Estado, sin papeles plenos, sin el derecho básico a pertenecer a algún sitio.

Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. Conceder la nacionalidad a los saharauis no es un capricho buenista ni un regalo de temporada. Es reparación. Es un país reconociendo que tuvo responsabilidades históricas y que, en lugar de escaquearse una vez más, decide asumirlas. En mi opinión, esa es exactamente la clase de decisión por la que se mide la decencia de una democracia: no por cómo trata a los poderosos, sino por cómo responde ante quienes dejó tirados.

Convertir derechos en sospecha

Enfrente, el «no» del PP y de Vox. Y aquí toca ser precisos, porque las cosas hay que criticarlas por lo que son y no por lo que a uno le apetezca imaginar. No voy a decir que la derecha odie a los saharauis; sería ponerles en la boca palabras que no han pronunciado. Lo que sí critico, y con ganas, es su marco político: ese reflejo de convertir cualquier reconocimiento de derechos en un problema, en una amenaza, en un coste. Donde otros ven a personas que llevan medio siglo esperando, ellos parecen ver un expediente incómodo.

Es la vieja jugada de transformar los derechos en sospecha. Cada vez que alguien vulnerable llama a la puerta, la respuesta refleja es la misma: ¿y esto qué nos va a costar?, ¿no habrá gato encerrado?, ¿no será que quieren aprovecharse? Se cambia la pregunta moral —qué le debemos a esta gente— por una pregunta contable y con truco. Y así, poco a poco, la nacionalidad deja de ser un vínculo de pertenencia para convertirse en un arma cultural, en munición para la guerra identitaria de cada fin de semana.

El mismo guion, otra vez

No hace falta irse muy lejos para ver el patrón. Estos mismos días, según informó RTVE, Pedro Sánchez defendía la regularización de migrantes con un argumento contundente: sin ellos, sostenía, España perdería un 19% de su PIB en 2050. Conviene tomarlo por lo que es —una declaración del presidente recogida por los medios, no un dato verificado de forma independiente—, pero el debate que abre es calcado al de los saharauis.

Porque fíjense en el terreno de juego. Cuando toca hablar de personas, de derechos, de gente que quiere vivir y trabajar aquí, la derecha planta la bandera del miedo. Y cuando alguien responde con la calculadora —oigan, que además nos conviene, que sostienen pensiones y economía—, entonces se molestan también, porque se les desmonta el relato del «vienen a quitarnos algo». No les vale ni la razón moral ni la económica. Lo que no soportan, sospecho, es que la respuesta sea sí.

Una prueba de país

Que quede claro: reconocer la nacionalidad saharaui no arregla por sí solo medio siglo de abandono. No devuelve los años perdidos en los campamentos ni cierra todas las heridas del proceso de descolonización. Pero es un principio. Es España diciendo, por fin, que hay cuentas pendientes que no prescriben solo porque pase el tiempo y uno mire para otro lado.

Ahora falta que el gesto se convierta en ley firme y no se quede en titular de un día. Porque una cosa es sacar algo adelante en una votación y otra muy distinta es blindarlo, dotarlo y aplicarlo sin que se enrede en los despachos. Ahí se verá si esto era convicción o postureo.

Mientras tanto, a quienes votaron que no les diría una sola cosa, y la digo como opinión política, no como reproche personal: se puede discrepar de casi todo, pero hay deudas que un país serio no debería regatear. Los saharauis no piden un favor. Piden lo que se les debe. Y un Estado que aprendió a mirar hacia otro lado hace medio siglo tiene ahora la oportunidad de mirarles a la cara. Ojalá no la desperdicie.

Fuentes y contexto