Hay deudas que no se pagan con un tuit de solidaridad. Se pagan con papeles, con plazos y con una ley que deje de tratar a miles de personas como un problema diplomático incómodo. Este jueves el Congreso aborda, por fin, una norma impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a saharauis nacidos en la antigua provincia española del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, y a sus descendientes directos.
No es un capricho de agenda. Es el reencuentro —tarde, torpe y bajo presión— con una historia que España dejó a medias cuando se marchó del territorio y arrastró, durante décadas, a quienes nacieron bajo su administración. La votación llega en plena tensión con Marruecos y con la herida todavía abierta de la crisis migratoria de Ceuta. Eso no convierte el derecho en chantaje. Convierte el retraso en una vergüenza política.
Lo que dice la ley (y lo que no inventa nadie)
El núcleo es claro y está en el texto que llega al pleno: nacionalidad por carta de naturaleza para quienes nacieron en la excolonia antes de esa fecha de 1977 y para sus descendientes directos. elDiario.es adelanta una mayoría suficiente: el PSOE y sus socios votan a favor —con la incógnita de una posible abstención de Junts—; Vox se opone; el PP apunta a la abstención.
La iniciativa no nació ayer. Empezó su camino en marzo de 2024, pasó por la Comisión de Justicia y se aceleró el procedimiento hasta un texto listo el 23 de julio de 2026, apenas días antes de la entrada masiva en Ceuta. Quien quiera leer aquí una causalidad automática entre la ley y la avalancha debería aportarla con pruebas. De momento, lo documentado es otra cosa: un expediente dormido casi dos años y un cambio de postura de los grandes partidos que dice más de la geopolítica que de la empatía.
El baile del sí y el no
En 2024, el PSOE rechazó la toma en consideración: ni siquiera quería abrir el debate. Entonces el PP votó a favor. Ahora el mapa se ha torcido. Los socialistas asumen el sí —tras incorporar enmiendas, según el relato de los socios— y el PP se mueve entre el rechazo al informe de ponencia, la abstención en comisión y un mensaje público de la portavoz Ester Muñoz: España tiene “una deuda con el Sáhara”, están de acuerdo en dar la nacionalidad, “no como lo está haciendo el Gobierno”.
Traducción llana: nadie quiere salir en la foto negando el derecho, pero casi todos quieren controlar el tempo y el relato frente a Rabat. Sumar ha mantenido conversaciones hasta el final para amarrar, como mínimo, la abstención popular. Es política de minorías, sí. También es lo único que ha movido un dosier que el progresismo gubernamental prefirió aparcar mientras reordenaba su relación con Marruecos.
La vida sin DNI renovable
El Mundo pone cara al limbo con Bucharaya Bachir, nacido en El Aaiún cuando el Sáhara era administrativamente provincia española, hoy al frente del Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española. Su historia no es un eslogan: nacionalidad pendiente de trámite, una década de pelea judicial, DNI que ya no puede renovar, gestiones básicas bloqueadas. “En cuanto la aprueben voy a ir a la comisaría a ver qué me dicen”, resume. No pide un himno. Pide no vivir como sospechoso permanente de su propia biografía.
Bachir recuerda que España abandonó el territorio dejando atrás a decenas de miles de personas de origen saharaui ligadas a su administración. Y denuncia lo que cualquier lector entiende sin manual de Derecho Internacional: cálculos de partido, silencios y una regularización que para otros colectivos avanza mientras ellos siguen en la sala de espera. En una reunión parlamentaria sobre la cuestión, según su relato recogido por el diario, faltaron representantes de Vox, Junts… y del PSOE. Si el Gobierno más “progresista” de la etiqueta se ausenta de la mesa de los afectados, la etiqueta se cae sola.
Ceuta en el fondo, no como excusa
Es imposible fingir que la votación ocurre en el vacío. La crisis de Ceuta ha reordenado titulares, ha tensado al PSOE interno y ha puesto cada gesto hacia el Sáhara bajo lupa marroquí. Medios y actores políticos señalan la nacionalidad saharaui como uno de los frentes que irritan a Rabat. Eso es contexto. No es prueba de que reparar una deuda histórica sea “provocar” una frontera. Quien use a las personas saharauis como moneda de cambio con la monarquía alauí —para frenar la ley o para agitarla como trofeo— está haciendo exactamente lo que dice combatir: convertir derechos en ficha de tablero.
Tampoco conviene el autoengaño inverso. En 2022, Pedro Sánchez desplazó la posición tradicional española hacia la propuesta marroquí de autonomía bajo soberanía de Rabat. Esa decisión existe, está documentada y pesa. Explica recelos, explica demoras y explica por qué una reparación civil se lee en clave de política exterior. Pero una democracia no puede dejar a medio país administrativo en el cajón porque el vecino se enfade.
Qué está en juego de verdad
No se discute aquí un “regalo”. Se discute si España reconoce, con rango de ley, un vínculo que ella misma administró. Se discute si el Congreso es capaz de cerrar un limbo que obliga a gente real a litigar por lo básico mientras los partidos rotan el voto según la encuesta y el telegrama diplomático. Y se discute, de paso, si la izquierda de gobierno solo defiende el internacionalismo cuando no roza el interés de un socio incómodo.
El PP puede abstenerse y decir que “no así”. Vox puede votar no y convertir el Sáhara en cuento de invasión. El PSOE puede votar sí después de haber dicho no. Ninguno de esos movimientos borra el dato central: sin norma clara, el Estado sigue externalizando el coste humano de su retirada. La ley de Sumar no arregla el conflicto del Sáhara Occidental. Ni lo pretende. Hace algo más modesto y más urgente: dejar de tratar como extranjeros administrativos a quienes nacieron bajo bandera y burocracia españolas.
Si hoy sale adelante, no habrá desfile. Habrá colas en comisaría, trámites, dudas y letra pequeña. También habrá una señal mínima de decencia institucional. Si se torce o se diluye, el mensaje será otro: que en España la memoria democrática cabe en un discurso… hasta que tropieza con Marruecos. Y eso, para un medio que mira desde la izquierda, no es realismo. Es cobardía con sello oficial.