La ley para conceder la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española ha salido este jueves de la Comisión de Justicia con una señal política clara: el Congreso quiere reabrir una puerta que España dejó medio cerrada hace casi medio siglo, pero lo hace entre dudas jurídicas, cálculos diplomáticos y el ruido habitual de los bloques.
La agenda oficial del Congreso situaba a las 09.15 horas la emisión de dictamen sobre la proposición de ley de nacionalidad para las y los saharauis nacidos bajo la administración española. Según publicó El Debate, el dictamen fue aprobado con el apoyo de la mayoría de grupos, la abstención del PP y Junts y el voto en contra de Vox. La iniciativa no quedaría definitivamente aprobada ahora: el texto iría al Pleno del Congreso en septiembre y después tendría que pasar por el Senado.
El núcleo de la propuesta es sencillo de explicar y muy delicado de ordenar: permitir que los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y sus descendientes puedan acceder a la nacionalidad española. Sumar ha defendido que la medida podría afectar a unas 80.000 personas, una cifra que conviene tratar como estimación política de sus impulsores, no como censo cerrado de beneficiarios automáticos.
Memoria, papeles y una frontera que España no resolvió
La lectura progresista es evidente: si el Estado administró un territorio, emitió documentos, generó vínculos familiares y luego se marchó dejando un limbo, no puede mirar décadas después como si aquello fuera un problema ajeno. Para muchas familias saharauis, la nacionalidad no es una bandera de sobremesa: es pasaporte, trabajo, residencia, estudios, trámites consulares y una forma mínima de reparación administrativa.
El texto, según la información publicada, prevé un plazo de solicitud de tres años desde la entrada en vigor de la ley, ampliable un año por el Ministerio de Justicia, y admitiría diferentes documentos como prueba: DNI español aunque no esté vigente, certificados de nacimiento, libro de familia, permisos de conducir españoles, documentos ligados al censo del referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU u otros justificantes.
Ahí está también el punto que la derecha está explotando. El PP se abstuvo, no bloqueó el dictamen, pero criticó falta de transparencia y rigor jurídico. Vox votó en contra y acusó al Gobierno de “regalar” nacionalidades. Junts también se abstuvo y pidió más reflexión. En castellano normal: casi nadie quiere aparecer contra una causa con carga histórica, pero varios partidos temen que el encaje técnico acabe en otro laberinto judicial o consular.
El Gobierno, además, carga con su propia contradicción. España giró en 2022 hacia el plan marroquí de autonomía para el Sáhara y ese giro sigue pesando sobre cualquier movimiento posterior. Por eso esta ley no solo habla de nacionalidad: habla de memoria colonial, de relación con Marruecos, de Argelia, de la ONU y de una política exterior que demasiadas veces se cuenta a posteriori, cuando el coste ya está encima de la mesa.
La clave factual es no vender lo que aún no existe. No hay nacionalidad concedida en masa, no hay aprobación definitiva y no hay trámite cerrado. Hay un dictamen de comisión que empuja la proposición hacia el Pleno de septiembre. Es mucho para quienes llevan años esperando una salida. Pero todavía no es una ley en vigor.