Navarra ha decidido poner otro candado a la vivienda protegida. La Ley Foral 14/2026, publicada este martes en el BOE, cambia la Ley del Derecho a la Vivienda para que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible no puedan acabar destinadas a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. Dicho en cristiano: si una promoción nació para alquiler protegido, la nueva regla empuja a que siga ahí, en el parque protegido, y no salga al mercado como si fuera una pieza más del Monopoly inmobiliario.
El objetivo oficial es claro: reforzar la estabilidad de la vivienda asequible y evitar que el parque protegido se vaya desinflando con el paso del tiempo. El texto publicado en el BOE habla de preservar un parque residencial ajeno a dinámicas especulativas y de consolidar la función social de la vivienda. Es el tipo de frase que suena a preámbulo jurídico, pero el efecto práctico se entiende rápido: menos puertas de salida para convertir vivienda protegida en mercancía ordinaria.
La medida no llega de la nada. El Parlamento de Navarra aprobó la reforma el 25 de junio con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. UPN, PPN y una parlamentaria no adscrita votaron en contra. La división resume bastante bien la guerra política de la vivienda: para la izquierda y los nacionalistas progresistas, blindar parque público o protegido es casi una obligación de supervivencia; para la derecha navarra, el riesgo está en legislar con prisas, espantar operadores y crear inseguridad jurídica.
La ley también extiende el régimen de duración indefinida a las viviendas protegidas en alquiler o alquiler asequible cuyo periodo de protección siga vigente, con independencia de cuándo fueran calificadas. Además, incorpora un refuerzo del derecho de tanteo y retracto: el Gobierno de Navarra podrá tener adquisición preferente sobre viviendas protegidas ya descalificadas, si están en zonas de mercado residencial tensionado, pertenecen a grandes tenedores y se transmiten dentro de los diez años posteriores al fin de la protección.
Ese punto es políticamente jugoso. No estamos ante una expropiación general ni ante una barra libre para comprar cualquier piso. El texto marca condiciones concretas: viviendas descalificadas, grandes tenedores, zonas tensionadas y transmisiones onerosas dentro de ese plazo. Pero también es una señal: cuando el mercado aprieta, la administración quiere estar sentada en la mesa antes de que el activo cambie de manos.
Los defensores de la reforma pusieron números sobre la mesa: según la nota del Parlamento navarro, los proponentes hablaron de 108 viviendas que perderían a corto plazo la calificación protegida, unas 1.300 en los próximos cinco años y 2.248 hasta 2050. Son cifras autonómicas, no un terremoto nacional, pero enseñan el problema de fondo: si cada promoción protegida tiene fecha de caducidad, el parque asequible se parece a una bañera con el grifo abierto y el desagüe quitado.
La crítica conservadora tiene una parte que no conviene caricaturizar. Si cada reforma cambia las reglas sobre promociones ya existentes, los promotores y propietarios alegan que el marco se vuelve menos previsible. Y sin previsibilidad puede haber menos inversión en vivienda protegida futura. Esa es la pregunta incómoda que la izquierda suele esquivar: blindar lo que ya existe está bien, pero alguien tendrá que construir lo que falta.
La otra pregunta incómoda va para la derecha: si no se blinda nada, ¿cuánto parque protegido queda dentro de diez o veinte años? Porque la solución mágica de “que el mercado construya” lleva años prometida y el alquiler asequible sigue siendo ciencia ficción para demasiadas familias. Navarra ha elegido intervenir. La discusión real no es si hay que hacer algo, sino cuánto puede apretar la administración sin romper la producción futura de vivienda.