El pacto climático propuesto por Pedro Sánchez para responder a la ola de incendios ha durado poco como idea compartida. Según RTVE, las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el Pacto de Estado planteado desde el Gobierno y han ofrecido a cambio un Acuerdo Nacional de Prevención. Dicho sin el envoltorio institucional: cada bloque quiere hablar de los fuegos, pero no desde el mismo sitio. Uno empuja el marco climático; el otro intenta llevar la discusión a gestión forestal, prevención y medidas concretas.
La bronca se ha calentado todavía más porque el PSOE acusa al PP de votar contra avances climáticos, mientras la derecha responde que no acepta un pacto diseñado para culparla políticamente. La Vanguardia ya había recogido que el PP llevó 50 medidas contra los incendios al Congreso. Así que el debate no es si hay que hacer algo. Todos dicen que sí. La pelea real es quién pone el título, quién reparte responsabilidades y quién paga la factura antes de que vuelva a arder el monte.
Desde una lectura progresista, el problema de fondo es evidente: España no puede tratar los incendios como una emergencia de verano y olvidarse en septiembre. La prevención forestal, la adaptación al calor extremo, la gestión del territorio, los recursos de extinción y la política climática forman parte de la misma conversación. Separarlas del todo puede ser cómodo para esquivar el cambio climático; mezclarlas sin presupuesto y calendario también puede ser puro postureo.
El PP tiene un punto cuando exige prevención concreta. Los montes no se limpian con comunicados, las brigadas no se financian con hashtags y los pueblos expuestos necesitan planes que funcionen cuando no hay cámaras. Pero la derecha se mete en un callejón si convierte cualquier pacto climático en propaganda de Sánchez. Porque negar el marco climático, o rebajarlo a simple excusa, deja fuera una parte esencial del problema: incendios más duros, veranos más largos y territorios más vulnerables.
El PSOE tampoco debería vender el pacto como certificado automático de virtud. Si el Gobierno quiere un acuerdo serio, tendrá que llevar dinero, competencias claras, indicadores y un reparto que no parezca una trampa parlamentaria. Un pacto de Estado no nace porque Moncloa lo anuncie; nace cuando las administraciones saben qué tienen que hacer el lunes siguiente. Si no, queda en una foto bonita con ceniza al fondo.
La ciudadanía tiene derecho a desconfiar de todos cuando los incendios se convierten en munición partidista. La izquierda acusa a la derecha de negacionismo. La derecha acusa a la izquierda de usar el fuego para imponer agenda climática. Y mientras tanto, lo que importa de verdad es bastante más concreto: quién mantiene caminos, quién financia prevención, quién cuida a los profesionales, quién coordina a comunidades y Estado y quién explica por qué cada verano parece pillarnos de nuevo con cara de sorpresa.
La salida no pasa por elegir entre clima o gestión. Pasa por admitir que sin clima el diagnóstico queda cojo y sin gestión el pacto queda hueco. España necesita menos épica de rueda de prensa y más política aburrida de presupuesto, mapas de riesgo, empleo rural, ciencia y coordinación. Si el pacto se quema antes de empezar, el próximo incendio no distinguirá entre eslóganes rojos y azules. Solo encontrará monte seco, administraciones lentas y vecinos cansados de escuchar excusas.