En Castilla-La Mancha ya no se fían del guion de siempre: mucho ruido en Toledo y, llegado el Congreso, disciplina de voto y sonrisa de Ferraz. Según El Español, el entorno de Emiliano García-Page prepara una estrategia para que la batalla contra el nuevo modelo de financiación autonómica no acabe como la amnistía. Si el texto llega sin cambios, varios diputados socialistas de la región advierten de que pasarán de las palabras a los hechos.
El origen del choque es concreto. El 4 de septiembre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Estado impulsó la reforma del régimen común con el respaldo efectivo de un mapa muy estrecho: Cataluña y Canarias a favor, y el resto en contra o en disenso. Page lo ha llamado «el modelo menos negociado de la historia» y «el más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española». No es una frase para tertulia: es el marco con el que su federación mira ya al BOE y a las urnas.
Ocho escaños y una memoria incómoda
Castilla-La Mancha aporta ocho diputados socialistas al Congreso. En la amnistía, el Gobierno autonómico recurría y los escaños acababan votando sí. Ahora las fuentes del partido regional aseguran que el escenario es otro porque aquí no se discute solo un principio jurídico: se discute el dinero de la sanidad, la escuela, la dependencia y la lucha contra la despoblación.
Por eso las llamadas al «voto en conciencia» del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y del presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, no suenan a floritura. Encajan con lo que dijo el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado por Toledo, Sergio Gutiérrez: pelearán «internamente en el PSOE, en el Congreso… para que el sistema de financiación cambie o no salga adelante».
El calendario aprieta. El Gobierno quiere convertir la propuesta en proyecto de ley en Consejo de Ministros en las próximas semanas. Necesitará mayoría absoluta en la Cámara. Y las autonómicas y municipales del 23 de mayo de 2027 quedan a tiro de piedra de la entrada en vigor que Moncloa dibuja. En el PSOE de Page temen un coste electoral «elevadísimo» si se critíca el modelo en rueda de prensa y luego se sella en el hemiciclo.
Más euros, peor posición relativa
Aquí está el truco contable que enfurece a la izquierda territorial que no compra el relato de «todos ganan». Las ministras Isabel Rodríguez y Milagros Tolón defienden que Castilla-La Mancha saldría beneficiada: Tolón habla de unos 1.250 millones adicionales al año y de unos 583 euros más por ciudadano. Page y su gente miran otra métrica: la posición relativa.
Según datos de FEDEA recogidos por la información, en 2024 la región recibió hasta 196 euros menos por habitante ajustado que la media autonómica. Con el nuevo modelo pasaría del 95,1% al 94,5% de la financiación media. Traducción casera: puedes ingresar más en bruto y, aun así, alejarte del promedio mientras otras se alejan hacia arriba. Para una comunidad que arrastra servicios tensionados y demografía frágil, eso no es un detalle de excel: es política de primera necesidad.
Page carga además contra la ordinalidad: «tendrán siempre más por tener más los que más tienen y menos los demás». Y mira de reojo a la negociación con Junts. Si Sánchez necesita a Puigdemont y el precio es más singularidad catalana, la presión sobre los socialistas de territorios disconformes sube otro escalón. El mismo día, en otra pelea distinta, Junts ya dice que sin «llave de la caja» el modelo no le vale. Moncloa está atrapada entre socios que piden excepción y federaciones que exigen igualdad real de servicios.
Qué está en juego de verdad
No hay todavía rebelión nominal en el Diario de Sesiones ni lista pública de disidentes. Las fuentes prefieren no desvelar la ingeniería parlamentaria. Pero el aviso es inequívoco: si el proyecto llega al Congreso en los términos actuales, el PSOE de Castilla-La Mancha no se conformará con discrepancia interna y voto disciplinado.
Para la izquierda que no confunde progreso con centralismo de despacho, el fondo es sencillo. Un modelo pactado de forma bilateral y luego impuesto al resto no redistribuye poder ciudadano: redistribuye debilidad. Si la sanidad y la escuela pública de las regiones del interior financian en silencio el relato de una «buena noticia» que empeora su posición relativa, el desgaste no se quedará en Page. Se comerá la credibilidad del propio bloque progresista.
La financiación no es un PowerPoint de Moncloa. Es la gasolina de lo común. Y en Castilla-La Mancha ya han avisado de que, esta vez, no piensan firmar el depósito vacío.