La jornada empezó con un relato de despacho roto y acaba con otro, casi en espejo. Por la mañana, la oposición y buena parte de la prensa leían el informe del CENIF como la prueba de que Marruecos había empujado el salto de Ceuta. Por la tarde, el Ministerio del Interior publica la respuesta de su director general de la Policía, Francisco Pardo: no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes “la planificación o ejecución” de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
No es un matiz de portavoz. Es un comunicado oficial que llega después de que Fernando Grande-Marlaska exigiera por carta aclaraciones al propio Pardo, molesto por filtraciones y coberturas que situaban a gendarmes marroquíes dirigiendo el cruce. La pelea ya no es solo con Rabat. Es con el organigrama y con el papel que hay —o no hay— encima de la mesa.
Qué dice Interior, con precisión de leguleyo
Según Europa Press y La Vanguardia, Pardo traslada tres ideas que cambian el marco del día:
Primera: solicitado el contenido a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director sostiene que el informe policial no apunta a Rabat como responsable ni impulsor de la entrada masiva.
Segunda: la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón habría ordenado a los investigadores no facilitar a sus superiores información sobre la elaboración y el contenido del documento. Por eso, dice Pardo, él no tuvo conocimiento previo. Hoy mismo la magistrada autoriza al equipo a dar acceso a esos superiores. Es decir: el secreto judicial explica, según Interior, el agujero de mando; no necesariamente una mentira política deliberada.
Tercera: el aviso del CENIF del 29 de julio —un día antes de la avalancha— se rebaja a una “alerta de riesgo frecuente” que, siempre según Pardo, no aludía a una posible entrada masiva como la del día siguiente. Quien vendió ese papel como profecía ignorada tiene que rehacer el titular.
La Vanguardia añade el detalle operativo: Pardo se reunió con el comisario Julián Ávila (Extranjería y Fronteras), cuyos agentes rubricaron el informe a la Audiencia, y con Javier Antonio Susín (Información). No es una nota improvisada en el móvil. Es cadena de mando reconstruida a toda prisa.
Lectura desde la izquierda sin autoengaño
Desde un marco progresista, la secuencia importa por dos motivos. El primero es de Estado de derecho: si hay un proceso penal abierto y la instructora impone reserva, el Gobierno no puede gobernar a golpe de filtración periodística. Exigir papeles es legítimo; convertir un sumario en sentencia diplomática contra Marruecos antes de leerlo entero es otra cosa.
El segundo es de política exterior. Acusar a un vecino de planificar un asalto híbrido no es un tuit de campaña: obliga a embajadas, retornos, sanciones y relato europeo. Si el director de la Policía niega que el informe diga eso, la oposición que pedía dimisiones al mediodía tiene que elegir: o mantiene la tesis con el documento público encima de la mesa, o admite que montó el cadalso con un adelanto de prensa.
Eso no absuelve a Interior de la crisis de Ceuta. La ciudad sigue tensionada, los ceutíes siguen pidiendo socorro y el control de frontera sigue siendo un examen diario. Lo que sí hace el comunicado es desinflar la tesis fácil de que “la Policía ya lo tenía todo escrito contra Rabat y Marlaska miraba para otro lado”. Si mañana el informe se publica y dice lo contrario de lo que afirma Pardo, el boomerang será brutal. Hoy, con fuentes oficiales y de agencia, el relato de culpabilidad marroquí “certificada” por el CENIF no se sostiene como hecho cerrado.
También conviene no convertir a Pardo en héroe ni a Marlaska en mártir. El ministro se enteró tarde o mal de un papel sensible; eso sigue siendo un problema de mando. Pero el problema de mando no autoriza a inventar una condena diplomática. La izquierda seria defiende dos cosas a la vez: frontera gestionada con derechos y hechos contrastados. Sin lo segundo, lo primero se pudre en la trinchera.
Mientras PP, Vox y parte de la calle piden dimisiones y embajadora convocada, Interior responde con un comunicado seco. No cierra el sumario. No niega que exista un informe judicial. Niega, con nombres y cargos, la lectura que ha dominado la mañana. En política española, a veces el contrapeso no es un mitin: es una frase de tres líneas que obliga a reescribir el titular.