Henri Parot no es un preso cualquiera del final de ETA. Es uno de los nombres que las víctimas asocian con la casa cuartel de Zaragoza y con una lista de sangre que no cabe en un comunicado de reinserción. Y el Gobierno vasco le ha concedido el tercer grado.
Lo confirman fuentes del Departamento de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José: la progresión se basa en el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel guipuzcoana de Zubieta. Parot entró en prisión en 1990. Cumple una condena acumulada de 40 años. Ya disfrutaba, desde el año pasado, de un régimen de semilibertad al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: salidas de lunes a viernes para voluntariado y vuelta a dormir a la cárcel. También tuvo un permiso de seis días avalado por el juez de vigilancia, tras una carta en la que rechazaba “todas las violencias” y hablaba de reconocer el sufrimiento causado.
COVITE no se lo traga. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, llama “inaceptable” y “fraudulento” un tercer grado a quien fue condenado por el asesinato de 39 personas sin un arrepentimiento “real, público y verificable”. Recuerda la matanza de la casa cuartel de Zaragoza en 1987 —once muertos, cinco de ellos niños, 88 heridos— y unas condenas que rondan los 4.800 años por el conjunto de delitos. Su tesis es dura y clara: no ven reinserción exigente, sino una política de vaciado progresivo de las cárceles de ETA.
El lunes, Vox ha llevado el choque a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La vicesecretaria jurídica Marta Castro pide que se recurra el tercer grado y se suspenda de inmediato para que Parot “retorne” al centro penitenciario. El escrito apela a la Ley 29/2011 de víctimas, al artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria y a la necesidad de acreditar de forma “fehaciente y cumulativa” abandono de fines terroristas, colaboración activa, repudio expreso, perdón a las víctimas e informes técnicos de desvinculación real. También advierte de que la flexibilidad penitenciaria no puede usarse para saltarse requisitos reforzados en terrorismo.
Hay que ser precisos. La decisión del Ejecutivo vasco puede ser recurrida. La Fiscalía aún tiene que estudiar el expediente. No es una excarcelación automática ni una amnistía formal. Pero tampoco es un trámite inocuo: el propio COVITE avisa de que terceros grados por la vía del artículo 83 suelen desembocar, en poco tiempo, en fórmulas que dejan al preso fuera las 24 horas bajo control telemático.
El contexto político lo envenena todo. Desde que Vitoria asumió competencias penitenciarias, cada progresión de grado a etarras históricos reabre la misma herida: ¿se exige ruptura verificable con el entorno que legitimó los asesinatos, o basta un escrito privado y un informe técnico? ABC ha recordado que en otros casos —como Olarra Guridi o Óscar Celarain— la Audiencia Nacional llegó a revocar terceros grados del Gobierno vasco al no ver cumplidos los requisitos.
Desde la derecha el marco es inequívoco. Si el Estado no recurre con contundencia el tercer grado de Parot, manda un mensaje a las víctimas: el reloj de la memoria corre a favor del verdugo. No hace falta inventar intenciones abertzales ni convertir cada permiso en traición. Basta con lo publicado: un terrorista de 39 asesinatos, semilibertad previa, tercer grado ahora, y asociaciones de víctimas gritando que el arrepentimiento público sigue sin estar.
La pelota está en la Fiscalía y, si hay recurso, en los jueces de vigilancia. Mientras tanto, la pregunta política no es técnica: ¿cuánto perdón institucional se concede sin que las víctimas vean un desmarque inequívoco? Parot ya no necesita un mitin. Le basta con que el sistema asuma que su caso es “otro más”.