El caso Leire Díez ha dejado de moverse solo en el terreno de los audios, las versiones cruzadas y el barro político. Ahora entra en una zona mucho más incómoda para Ferraz: el dinero. Varios medios publican este viernes que el juez Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada económica y ha autorizado rastrear cuentas bancarias relacionadas con el PSOE y con personas del entorno investigado.
La precisión importa, porque aquí conviene no hacer trampas. Que un juez pida información bancaria no significa que el partido esté condenado, ni que se haya probado una financiación irregular, ni que todos los pagos investigados sean delictivos. Significa algo distinto, pero políticamente potente: la Audiencia Nacional quiere saber si hubo pagos relevantes y por qué vías pudieron circular.
Según El Mundo, la nueva pieza busca rastrear pagos del PSOE a Leire Díez y a la trama conocida en la investigación como las “cloacas”. El Español publica que la UCO accederá a seis cuentas bancarias del PSOE y a otras vinculadas a José Antonio Zarrías, Cristina Teijelo e Ismael Oliver. ABC, por su parte, habla de una petición de información sobre cuentas del partido y de personas concretas para aclarar si pudo haber pagos directos o a través de terceros.
La lectura desde la derecha es bastante obvia: si un partido presume de limpieza, no puede pedir calma solo cuando el foco apunta a su casa. La transparencia no consiste en aguantar el titular malo y esperar a que pase agosto. Consiste en explicar contratos, pagos, relaciones orgánicas y responsabilidades políticas antes de que lo haga una diligencia judicial.
Pero también hay una línea roja que no conviene cruzar, ni siquiera con ganas de meter el dedo en el ojo. La investigación no permite afirmar que el PSOE haya financiado delitos. Tampoco autoriza a convertir a cualquier citado o mencionado en culpable. Lo que sí permite decir es que el perímetro judicial se ensancha y que el coste político para Pedro Sánchez vuelve a crecer justo cuando el Gobierno intenta cerrar el curso vendiendo estabilidad.
Ferraz tiene dos caminos. Uno es atrincherarse en el “todo está judicializado” y confiar en que la causa sea demasiado técnica para el lector normal. El otro es asumir que cuando una investigación empieza a mirar cuentas bancarias, la respuesta política no puede ser una nota de dos líneas. La primera opción puede ganar tiempo. La segunda quizá recupere algo de credibilidad.
El punto central es este: el dinero deja rastro. Y si ese rastro no conduce a nada irregular, el PSOE debería ser el primer interesado en que se vea limpio, rápido y completo. Si conduce a otra cosa, la vieja defensa de “son campañas de la derecha” se quedará corta. Muy corta.