El caso Pegasus vuelve a enseñar una grieta incómoda del Estado: la seguridad nacional necesita zonas reservadas, sí, pero la democracia no puede funcionar como una caja negra eterna. La exdirectora del CNI Paz Esteban declaró este viernes como investigada ante una jueza de Barcelona por la querella del exdirigente de ERC Sergi Sabrià. Según EFE, Esteban admitió que los servicios secretos intervinieron el teléfono de Sabrià en 2020 con autorización del Tribunal Supremo, pero se desmarcó de las intrusiones denunciadas en 2018 y 2019.
La frase tiene dos partes y conviene no amputar ninguna. Primera: hubo una intervención reconocida sobre el móvil de un dirigente independentista. Segunda: la versión trasladada por la exdirectora del CNI es que esa intervención concreta contó con aval judicial. Eso no cierra el debate; lo coloca justo donde debe estar, lejos del grito fácil y cerca de una pregunta muy seria: ¿cómo se controla a un servicio secreto cuando casi todo lo importante está protegido por la reserva?
El problema no es que exista inteligencia; es quién vigila al vigilante
Un país necesita servicios de inteligencia. Fingir lo contrario es infantil. Hay amenazas reales, redes opacas, operaciones exteriores y riesgos que no se resuelven con comunicados bonitos. Pero también es verdad que un móvil no es una carpeta cualquiera: ahí vive la agenda política, la vida privada, las conversaciones, las estrategias y, a veces, la frontera entre seguridad y abuso.
Según la crónica de EFE, Esteban declaró sobre los extremos autorizados por el Consejo de Ministros y evitó entrar en más detalles alegando que se trata de información reservada. Ese es el nudo. La ley puede obligar al silencio, pero la ciudadanía no está obligada a aplaudir a ciegas. Si el Estado pide confianza, debe ofrecer controles comprensibles, no solo la fórmula mágica de “se hizo con autorización”.
Sabrià sostiene que su teléfono fue atacado con Pegasus en 2018, 2019 y 2020. La declaración conocida este viernes solo reconoce, en los términos publicados, una intervención de 2020. La investigación judicial deberá aclarar lo que pueda aclarar. Y lo que no pueda saberse por secreto oficial debería, al menos, dejar una lección política: el control parlamentario de los secretos de Estado no puede ser un ritual para iniciados.
La izquierda no debería mirar para otro lado
Desde una mirada progresista, este asunto no puede despacharse con un “eran independentistas” ni con un “lo autorizó un juez”. Los derechos fundamentales no cambian de tamaño según la simpatía que nos despierte el espiado. Si mañana se normaliza que el Estado use herramientas de vigilancia extrema con una explicación mínima, pasado mañana cualquiera puede estar al otro lado de la lupa.
Eso no significa afirmar que el CNI actuara ilegalmente en la intervención de 2020. Sería ir más allá de lo que está acreditado en las fuentes consultadas. Significa algo más básico: incluso cuando una actuación es legal, una democracia sana debe preguntarse si sus controles son suficientes, si el afectado puede defenderse de forma real y si el secreto oficial se usa para proteger la seguridad o para evitar el bochorno político.
El caso tiene además un contexto explosivo: Pegasus, el independentismo catalán y la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. Según EFE, Sabrià relacionó las fechas de los ataques de 2020 con aquel momento político. Esa relación es su planteamiento en la querella, no una conclusión judicial firme. Precisamente por eso hay que escribir con cuidado: no convertir sospechas en sentencia, pero tampoco convertir el secreto en anestesia.
Menos épica y más reglas claras
El Estado no puede explicar cada operación de inteligencia como si fuera una rueda de prensa de tráfico. Pero tampoco puede pedir fe. La salida pasa por controles más fuertes, autorizaciones mejor justificadas, rendición de cuentas parlamentaria de verdad y mecanismos para revisar abusos sin destripar operaciones sensibles. En cristiano: secretos, los mínimos; controles, los máximos.
Pegasus dejó una advertencia que España aún no ha digerido del todo. La tecnología permite entrar en la vida de una persona con una profundidad que las viejas escuchas telefónicas ni soñaban. Si la democracia no actualiza sus garantías al mismo ritmo, el poder siempre llegará antes que los derechos.