El martes, a las 18:00, en Plaza de Castilla, Begoña Gómez tiene cita con el juez Peinado. No es el juicio del jurado todavía. Es la audiencia preliminar: el último pasillo procesal antes de decidir si la causa de la cátedra de la Complutense entra de lleno en fase de enjuiciamiento popular.
La Vanguardia y elDiario.es lo cuentan sin adornos. Peinado da por cerrada la instrucción de ese tramo tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa —con Jaime Campaner— y la de su asistente Cristina Álvarez han presentado escritos pidiendo absolución. Niegan delito. Niegan que el matrimonio con el presidente fuera el atajo profesional que dibuja la tesis instructora. ABC añade que la defensa pide suspender la comparecencia y moverla de día. Detalle menor, tensión máxima.
Enfrente, la acusación popular de Hazte Oír pide 13 años para Gómez y 6 para Álvarez por el bloque de malversación que sostiene su relato. La Fiscalía, en cambio, empuja hacia la absolución. Ese contraste importa. No todo lo que grita una acusación particular es “el Estado acusando”. Mezclarlo a propósito es trampa política, no periodismo.
Desde la izquierda democrática el caso duele por partida doble. Duele si hay indicios reales de privilegio: nadie está por encima de la ley, ni la esposa del presidente. Y duele si el expediente se convierte en un reality permanente para saldar cuentas con Sánchez por la puerta de atrás. Un jurado popular no es una guillotina mediática. Es un mecanismo garantista que exige hechos, no ambientazo.
Por eso la audiencia del martes no debería leerse como “ya está condenada” ni como “ya está absuelta”. Es el momento en el que las partes discuten pruebas pendientes y la procedencia del juicio oral. Europa Press fija hora y citación personal. El reloj corre. El ruido también.
La política española tiene un vicio feo: convertir cada pieza judicial en combustible de bloque. Si Gómez cometió un delito, que lo diga un tribunal con pruebas. Si no, que el sobreseimiento o la absolución cierren el ciclo sin convertir a la pareja del presidente en monigote permanente de la trinchera. La igualdad ante la ley se defiende igual cuando incomoda a Moncloa y cuando incomoda a quienes viven del linchamiento.
Mientras tanto, el Gobierno sigue gobernando —o intentándolo— con Ceuta, vivienda y presupuestos encima de la mesa. El solapamiento no es casual: cada titular judicial se come el oxígeno del curso político. La respuesta adulta no es pedir impunidad. Es pedir rigor. El martes sabremos si el pasillo hacia el jurado se ensancha o se complica. Hasta entonces, menos sentencia en Twitter y más respeto al procedimiento.