La crisis de Ceuta no solo ha enseñado una frontera bajo presión. También ha sacado del cajón una pregunta bastante simple: si el Estado sabía desde 2021 que Ceuta y Melilla necesitaban una atención específica, ¿por qué el plan integral de seguridad sigue pendiente?
20minutos publicó este viernes que el Gobierno aún no tiene prevista una fecha para aprobar ese Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla. No es una ocurrencia nacida al calor de la última crisis. Según ese medio, la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 ya apuntaba a la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de ambas ciudades por su localización geográfica en el continente africano y por la singularidad de su frontera.
El calendario importa. En 2021, España ya había vivido una entrada masiva en Ceuta. Cinco años después, la ciudad vuelve a pedir auxilio institucional, el Gobierno despliega al Ejército para apoyar a la Guardia Civil y las autoridades tratan de ordenar una situación con miles de personas en la calle, según las informaciones de Europa Press y 20minutos.
La derecha tiene aquí un flanco fácil para golpear al Ejecutivo: prometer planificación y llegar otra vez con medidas de urgencia suena a Estado con memoria corta. Si un documento oficial ya advertía de la necesidad de un plan específico, no basta con comparecer cuando el problema estalla. La frontera no se improvisa a las ocho de la tarde.
Pero conviene no trampear el debate. La existencia de un plan pendiente no demuestra por sí sola que la crisis se hubiera evitado. Tampoco autoriza a vender que la solución sea cerrar derechos, convertir a todas las personas llegadas en un bloque sin trámite individual o atribuir a Marruecos una orden concreta sin prueba pública suficiente. Lo que sí permite decir es más serio: el Estado dejó sin cerrar una herramienta de previsión para dos territorios que llevan años avisando de su vulnerabilidad.
El despliegue anunciado tiene dos lecturas. En lo inmediato, da músculo a Guardia Civil y Policía Nacional en una ciudad desbordada. En lo político, confirma que el mecanismo ordinario no bastaba para absorber el golpe. Según 20minutos, Ceuta reclamó incluso activar la normativa de seguridad nacional, mientras el Ejecutivo optó por movilizar medios sin declarar formalmente una situación de interés para la seguridad nacional.
Ese detalle no es menor. La Ley de Seguridad Nacional no es una varita mágica ni suspende derechos fundamentales, pero sí marca un esquema de coordinación reforzada cuando la dimensión, urgencia y transversalidad de una crisis lo requieren. Si Ceuta y Melilla necesitaban un plan integral, era precisamente para no descubrir en directo qué botón pulsar cuando la presión llega al límite.
La discusión debería salir del griterío de “fronteras abiertas” contra “racismo”. Un país serio puede defender sus fronteras, exigir cooperación real a Marruecos, proteger a sus fuerzas de seguridad y mantener garantías básicas. Lo que no puede hacer es redactar estrategias solemnes, dejarlas dormir cinco años y luego pedir a una ciudad que aguante con parches.
Ceuta no necesita épica de plató. Necesita planificación, mando claro, medios suficientes y reglas conocidas antes de que vuelva la siguiente noche imposible. Si el plan integral estaba pendiente desde 2021, la crisis actual no solo exige explicaciones sobre la frontera. También sobre la agenda del propio Estado.