Hay rescates que huelen a balance y rescates que huelen a pasillo. Plus Ultra sigue en el segundo grupo, y esta vez lo dice gente que estaba dentro.
El ex consejero delegado Roberto Roselli ha declarado este martes ante el juez José Luis Calama, en la Audiencia Nacional, que la aerolínea pagó una comisión del 1% —unos 530.000 euros— ligada al rescate público. El dinero, según su relato y el del expresidente Julio Martínez Sola un día antes, fue a empresas del empresario Julio Martínez Martínez, socio y persona del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Roselli sostiene que en la compañía daban por hecho que el destino final era el expresidente, aunque él no habló con Zapatero ni sabe qué gestiones concretas se hicieron.
El detalle que más debería inquietar a cualquiera que pague impuestos no es solo la «mordida» —palabra que las defensas recogieron de conversaciones intervenidas—. Es la mecánica: comisión a éxito si llega la ayuda; aviso con días de antelación, vía Martínez Martínez, de que el rescate saldría; y una SEPI que, a juicio de lo declarado, no escarbó lo suficiente en la situación financiera real ni en el capital extranjero detrás de la compañía. El rescate rondó los 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Zapatero niega haber intercedido ante el Gobierno y haber cobrado por ello. Mantiene que los pagos de Análisis Relevante responden a otros conceptos. Eso hay que dejarlo escrito: estamos en instrucción, no en veredicto. Pero la derecha no necesita inventar una novela cuando dos exdirectivos de la aerolínea, en días consecutivos, describen el mismo esquema de comisión, camuflaje en «informes» y expectativa de influencia.
Desde una lectura liberal-conservadora, el escándalo no es solo el apellido. Es el patrón: dinero público, empresa en apuros, interlocutor político bien situado y un Estado accionista que parece enterarse tarde de todo. Si la SEPI no controla créditos, control extranjero y solvencia real antes de soltar decenas de millones, el problema no es un «ruido mediático». Es gobernanza.
Calama investiga un presunto tráfico de influencias en torno a ese rescate. Anticorrupción está en la sala. Roselli promete más papeles. Cada folio que salga debería responder a una pregunta simple: ¿quién cobró por abrir puertas del Estado y quién miró para otro lado mientras se firmaba el cheque? Hasta entonces, Plus Ultra no es una anécdota de aerolínea rara. Es un test de si el dinero público todavía exige explicaciones o solo notas de prensa.