Plus Ultra: el juez pide a la UDEF reconstruir quién estaba detrás del rescate de 53 millones

Hay una pregunta que cualquier Estado que se tome en serio a sí mismo debería poder responder antes de firmar un cheque, y no cinco años después y a golpe de auto judicial: ¿de quién es exactamente la empresa a la que vamos a entregarle 53 millones de euros del bolsillo de todos?

Esa es, despojada de tecnicismos, la cuestión que ahora quiere despejar el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Según informaron varios medios el pasado 4 de agosto, el magistrado ha encargado a la UDEF —la unidad de la Policía especializada en delincuencia económica— un informe exhaustivo sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra, la aerolínea que recibió un rescate público de 53 millones de euros.

La petición ni sale de la nada ni es un capricho del instructor. Responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y se enmarca en la investigación que sigue abierta sobre aquel rescate. Lo que Calama pide es que los agentes reconstruyan, pieza a pieza, cómo fue cambiando la propiedad de la compañía —hay medios que hablan de rastrear hasta quince años de historia accionarial, con el foco puesto especialmente a partir de 2017— y qué peso e impacto real tuvo en ella el capital de origen venezolano.

Y conviene decirlo claro y pronto, porque en este tipo de casos el ruido suele correr más rápido que los hechos: pedir un informe no es dictar una sentencia. Una diligencia de investigación no acredita por sí sola ninguna irregularidad, no hay condena y nadie está obligado a dar nada por probado. Es, sencillamente, el Estado intentando averiguar qué pasó. Faltaría más.

Precisamente por eso, quienes de verdad no tienen nada que temer deberían ser los primeros en aplaudir que se investigue. La transparencia no es el enemigo de una operación limpia: es su mejor aval.

Porque conviene no perder de vista de qué estamos hablando. 53 millones de euros no son una cifra abstracta en una hoja de cálculo del Ministerio. Son impuestos que pagó gente que madruga, servicios que no se prestan en otro sitio, deuda que heredará quien hoy va al colegio. Cada euro que el Estado arriesga en una empresa privada es un euro que exige, como mínimo, que alguien pueda explicar con detalle en qué se metió y por qué.

El problema de fondo lo señala el propio hecho de que haya que pedir este informe en 2026. Cuando el Estado rescata a una empresa privada con dinero público, no basta con invocar la urgencia, el empleo o el interés estratégico. La urgencia no es un cheque en blanco. Antes de mover 53 millones de euros, alguien tendría que haber sabido, con nombres y apellidos, quién estaba detrás de la compañía, de dónde salía su capital y por qué se consideraba estratégica frente a otras candidatas al mismo dinero.

Son preguntas incómodas, pero son exactamente las que separan una política de rescates seria de un reparto discrecional. ¿Qué controles se aplicaron sobre el origen del capital? ¿Se examinó de verdad la solvencia y el encaje de Plus Ultra en los criterios del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI? ¿Quién firmó, con qué información sobre la mesa y con qué motivación técnica? Que buena parte de esas respuestas deban buscarse ahora en un informe policial dice más del proceso que de la propia aerolínea.

El capítulo venezolano merece la misma cautela. Que el juez quiera medir el peso del capital de origen venezolano no significa —ni el auto lo afirma— que Venezuela controlara la aerolínea, ni convierte a nadie en culpable de nada. Significa que, para saber si el dinero público se colocó bien, hay que entender quién ponía el capital privado. Y en un sector regulado y con dinero de todos de por medio, saber de dónde viene cada euro no es sospecha gratuita: es la obligación mínima de cualquier administrador diligente.

Nada de esto prejuzga el resultado. Puede que la UDEF concluya que todo fue impecable, que los controles funcionaron y que el rescate se ajustó a la norma; ojalá sea así. Y puede que encuentre grietas. Lo sano, en democracia, es que un juez pueda preguntar y que la respuesta llegue con hechos, no con consignas.

Lo que no debería pasar es lo de siempre: que unos lo conviertan de inmediato en una condena firme y otros en una persecución política, cuando no es ni lo uno ni lo otro. Es control del gasto público, que es justo lo que tocaba hacer antes de firmar. Más vale tarde y por orden de un juez que nunca.