Plus Ultra aprieta a Zapatero, pero el caso sigue necesitando algo más que titulares con gasolina

El caso Plus Ultra ha vuelto a colocar una palabra incómoda en el centro de la política española: intermediación. Julio Martínez Martínez, empresario investigado y socio de José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y ha situado al expresidente como mediador en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Dicho así suena explosivo. Y lo es. Pero conviene no convertir una declaración de investigado en sentencia de madrugada.

Según Europa Press, Martínez admitió el cobro de 530.000 euros, el 1% del rescate, por esa supuesta intervención. También sostuvo que Zapatero le habría anticipado que el préstamo a Plus Ultra iba a salir adelante y que ordenó diversificar los pagos a través de distintas sociedades. La cifra, el porcentaje y el método de pago dan material político de sobra. El problema, precisamente, es que la parte más importante sigue sin estar del todo clara: qué hizo exactamente Zapatero, con quién habló y si esas gestiones fueron determinantes.

La bomba judicial y la letra pequeña

elDiario.es subraya ese punto central: Martínez no habría aclarado ante el juez con quién habría mediado Zapatero para salvar a Plus Ultra ni cuánto cobró personalmente el expresidente. El investigado sí describió a Análisis Relevante como una especie de vehículo para quien quisiera contratar al “Zapatero consultor”, e incluso aceptó la idea de haber sido un “correveidile”. Pero una cosa es el retrato de una red de influencias poco edificante y otra probar un delito concreto con todos sus elementos.

Por eso esta historia exige dos reflejos a la vez. El primero: transparencia total. Si una aerolínea recibió 53 millones públicos, si hubo pagos del 1% y si un expresidente aparece en la conversación, el país tiene derecho a saber quién cobró, por qué concepto, con qué facturas y qué puertas se abrieron. El segundo: prudencia jurídica. Zapatero conserva la presunción de inocencia y las defensas de imputados pueden tener estrategias propias, incluidas las que reparten responsabilidades hacia arriba para intentar mejorar su posición.

Sumar rompe el silencio cómodo

Lo políticamente más interesante no es solo el ataque del PP o de Vox, que era previsible. Es que Sumar también haya decidido marcar distancia. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, calificó de “inasumible políticamente” la situación de Zapatero y pidió al PSOE “muchas explicaciones”. Según Europa Press, Ibáñez habló incluso de una línea fina entre el lobbismo y el comisionismo. No es una frase menor dentro del bloque que sostiene al Gobierno.

Ahí hay una enseñanza para la izquierda: no se puede pedir limpieza institucional solo cuando el barro cae en la acera de enfrente. Si la política quiere recuperar autoridad moral, tiene que tratar los rescates públicos, las consultorías de poder y los pagos opacos con el mismo rasero aunque el apellido que aparezca sea propio. La corrupción no se combate con camisetas de partido. Se combate abriendo cajones, aprobando reglas de lobbies y dejando que los jueces hagan su trabajo sin convertir cada auto en una guerra civil televisada.

Moncloa se refugia en la presunción de inocencia

El Gobierno, por boca de la portavoz Elma Saiz, defendió tras el Consejo de Ministros que mantiene su confianza en la inocencia de Zapatero y evitó valorar las “distintas versiones y estrategias de defensa” de los investigados. También afirmó que no hay duda de que la actuación del Ejecutivo en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta. Esa es la línea oficial: colaboración con la justicia y presunción de inocencia.

La respuesta es jurídicamente comprensible, pero políticamente insuficiente si se queda ahí. No basta con decir “todo fue correcto” cuando la conversación pública ya está hablando de comisiones, facturas y anticipos de decisión. La ciudadanía no necesita una condena por Twitter; necesita trazabilidad. Quién informó, quién propuso, quién aprobó, quién cobró y bajo qué contratos. Si todo fue limpio, explicar no debilita: fortalece.

La derecha tiene munición, pero también responsabilidad

El PP ha salido a vincular el futuro de Zapatero con el de Sánchez y a presentar ambos nombres como parte de una misma fotografía política. Es su papel de oposición y, con los datos conocidos, tiene una oportunidad evidente para exigir responsabilidades. Pero también aquí hay un límite: acusar es fácil; probar es otra cosa. La derecha hará más daño si exige documentos, comparecencias y controles que si convierte cada novedad en un veredicto antes de tiempo.

La clave de este caso no está en gritar más fuerte, sino en separar tres planos: el rescate público de Plus Ultra, que ya fue polémico; los pagos a intermediarios, que deben explicarse con facturas y contratos; y la eventual responsabilidad penal de personas concretas, que corresponde fijar a los tribunales. Mezclarlo todo sirve para hacer ruido. Ordenarlo sirve para saber la verdad.

La conclusión, por ahora, es incómoda para todos. Para el PSOE, porque un expresidente vuelve a aparecer rodeado de dinero público y consultoría de pasillo. Para Sumar, porque debe demostrar que su exigencia de limpieza no depende del socio de Gobierno. Para la derecha, porque la tentación de convertir indicios en sentencia puede acabar dañando la credibilidad de la denuncia. Y para los ciudadanos, porque otra vez ven cómo una ayuda aprobada en una emergencia termina convertida en una madeja judicial. Si había rescate, debía haber control. Si hubo control, que se enseñe. Y si no lo hubo, que no nos vendan que preguntar es atacar la democracia.