Hay cambios que se hacen en enero, con el despacho vacío y la agenda limpia. Y hay cambios que se hacen a mitad de partido, con los expedientes abiertos y el reloj del juzgado corriendo. El PP acaba de elegir la segunda opción: aparta a Alberto Durán, director de su asesoría jurídica, de las grandes acusaciones populares que el partido mantiene en la Audiencia Nacional contra el entorno del PSOE.
No es un nombre cualquiera. Durán ha sido la cara legal de Génova en causas de alto voltaje. Según elDiario.es, lideró la personación del PP en asuntos que incluyen el caso Zapatero, el caso Leire Díez, el caso mascarillas y la investigación de comisiones en obra pública. En el relato popular, era el abogado que “llevaba el cuaderno” cuando la oposición convertía cada auto en mitin.
Ahora, el cuaderno cambia de manos. El penalista Henry Feltenstein ha pedido la venia para representar al partido. Otras acusaciones populares —HazteOír, Vox, Iustitia Europa, Liberum y compañía— han recibido el aviso este fin de semana. Y la recepción, según las fuentes del medio, no ha sido de aplauso: meter a un jugador nuevo cuando el partido ya está jugado puede ser una decisión táctica… o un regalo al rival.
Fuego amigo en la trinchera jurídica
ElDiario.es sitúa el origen del choque en diferencias con Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional y responsable del área de Justicia. La versión de las fuentes conocedoras es clara: Durán empujaba líneas jurídicas más duras; Gamarra, no. Si eso es exacto al milímetro o una simplificación de pasillo, lo sabrán ellos. Lo que sí es público es el resultado: el jefe jurídico del PP deja de pilotar las causas mediáticas que conocía de primera mano.
Desde la dirección del partido niegan un “despido” en toda regla. Dicen que Durán sigue, que no hay un reemplazo total y que lo que hacen es “reforzar” el área con especialistas económicos ante el volumen de causas. También apuntan a más incorporaciones, no solo Feltenstein. Traducción política: intentan vender reforma de plantilla, no purga.
El problema es de timing. En política judicial, el timing es casi todo. Cuando un letrado ha leído miles de folios, ha cruzado escritos con el resto de acusaciones y ha ganado —o perdido— pulsos concretos, sacarlo a mitad de instrucción no es solo un cambio de tarjetas de visita. Es reabrir la pregunta de quién manda de verdad en la estrategia: el abogado que lleva la causa o el despacho político que mide titulares.
Baker & McKenzie, Massó y el fantasma del conflicto
Otras fuentes citadas por elDiario.es apuntan a un giro hacia el despacho internacional Baker & McKenzie y, en particular, hacia la abogada María Massó. Ya en julio trascendió que esa firma asistió al PP en declaraciones del caso Leire Díez. Massó, además, no es una desconocida del propio PP: en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas representó a la persona jurídica del partido, sentada junto a Durán, entonces también acusado y luego absuelto.
Aquí aparece el detalle que más incomoda a cualquiera que haya visto un conflicto de intereses de cerca. En el caso Koldo, un letrado estrella de ese mismo despacho, el exfiscal Jesús Santos, defiende a Michaux Miranda, antiguo jefe de personal de Adif. Eso, de entrada, complica que la firma pueda ejercer con comodidad la acusación popular en esa causa. No hace falta ser procesalista para oler el problema: si tu casa defiende a una pieza del tablero, no puedes fingir que juegas limpio en todas las casillas.
La oposición que se pelea consigo misma
El PP lleva meses vendiendo una idea simple: el Gobierno se cae por la corrupción y la justicia hace el trabajo que la política no puede. Esa narrativa necesita una acusación popular estable, legible y sin ruidos internos. Justo lo contrario de un relevo a destiempo que irrita a otras acusaciones y obliga a reordenar la dirección unificada de los pleitos.
Según elDiario.es, incluso se baraja pedir a los jueces Santiago Pedraz, José Luis Calama e Ismael Moreno un cambio en la dirección unificada de esas acusaciones, o dejar sin efecto esa unificación. Es decir: el choque interno del PP puede acabar reescribiendo el mapa de quién habla por “la acusación popular” en las causas más calientes del país.
Hay que ser precisos. Apartar a un abogado no demuestra que las causas sean inventadas ni que el PSOE esté limpio. Tampoco demuestra, por sí solo, una “cacería” coordinada desde Génova. Lo que sí demuestra es otra cosa, más prosaica y más política: cuando la oposición convierte los juzgados en segundo hemiciclo, las luchas de poder del partido se cuelan en el expediente. Y el ciudadano, que ya desconfía de casi todo, ve otra vez trajes, venias y puñaladas de pasillo donde debería ver solo hechos.
Durán, el 3 de septiembre, publicó en X un salmo sobre quienes “discuten y planean pensando solo en mi daño”. Puede ser dramatismo. Puede ser un aviso. En cualquier caso, el PP ha decidido que su ofensiva judicial necesita otra voz. A mitad de partido. Con el marcador aún abierto. Y con el riesgo de que el cambio de once no se lea como refuerzo, sino como nervios.