El Plan Estatal de Vivienda nació con una idea sencilla de explicar y, por lo visto, difícil de digerir para algunos: que un piso protegido siga siendo protegido para siempre. Ese blindaje de la VPO a perpetuidad se ha convertido en el nuevo frente entre el Gobierno y las comunidades del PP, que han preferido el camino de los tribunales al de la mesa de negociación.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han recurrido ante la Justicia el nuevo Plan Estatal de Vivienda, según informó Idealista el 24 de junio. La punta de lanza es Andalucía, cuyo recurso desgranó ABC este 28 de junio: la Junta alega invasión de competencias y rechaza el modelo único de gestión que, a su juicio, le impone el Estado.

Qué se recurre exactamente

El origen del choque no es anecdótico. El Periódico lo explicó con claridad el 24 de junio: lo que enciende a las comunidades del PP es la obligación de blindar a perpetuidad la vivienda protegida. Es decir, que un piso levantado con dinero público no pueda colarse, pasados unos años, en el mercado libre y desaparecer del parque social.

Conviene no ocultarlo, por mucho que incomode al relato: el argumento que esgrimen los gobiernos autonómicos recurrentes es competencial. Sostienen que el plan invade sus competencias y que el modelo de gestión que dibuja resulta demasiado rígido. No están diciendo, al menos no en este recurso, que sobre la vivienda pública o social. Discuten quién manda y cómo se gestiona.

1.197 millones sobre la mesa

La paradoja es que el plan recurrido viene con dinero debajo del brazo. Según publicó El Correo de Andalucía el 23 de junio, Juanma Moreno recurre el plan estatal que obliga a proteger de forma permanente las VPO y que asigna a Andalucía 1.197 millones. La cifra, atribuida a ese medio, da la medida de lo que está en juego: una inyección millonaria que llega atada a una condición incómoda para la Junta, la de mantener esos pisos como protegidos para siempre.

De la foto del acuerdo al portazo judicial

Hasta hace nada, el desenlace no estaba escrito. Europa Press informó el 24 de junio de que Andalucía esperaba llegar a un acuerdo con el Gobierno antes de presentar el recurso. Esa ventana de diálogo terminó cerrándose. Del «esperamos pactar» se pasó al registro del recurso en cuestión de días, en una secuencia que se ha repetido en otras comunidades del PP.

El Gobierno tiende la mano y avisa

La reacción del Ejecutivo llegó por boca de la ministra de Vivienda. Cadena SER recogió el 25 de junio las palabras de Isabel Rodríguez tras conocerse el recurso de la Junta: «Espero que se reconduzca esta posición». Una frase medida, mitad mano tendida, mitad advertencia, que deja la puerta entreabierta a que Andalucía rectifique antes de que el asunto se enquiste.

Mientras tanto, el problema sigue ahí

Aquí está el quid. El recurso puede tener recorrido jurídico —eso lo dirán los tribunales, que de momento no han resuelto nada—, pero su efecto político es inmediato: convertir el blindaje de la vivienda protegida en otra batalla institucional. Y cada batalla institucional es tiempo que se gana en los despachos y se pierde en la calle, donde encontrar un piso asequible sigue apretando.

No es un detalle técnico para iniciados. Detrás de cada VPO que se mantiene protegida hay una familia que puede quedarse; detrás de cada una que se libera, un piso que tarde o temprano acaba a precio de mercado. El plan que ahora se recurre intentaba, precisamente, cerrar esa puerta giratoria.

La pregunta incómoda es sencilla: ¿de verdad el debate más urgente sobre vivienda es quién tiene la competencia para gestionar la VPO, y no cómo evitar que el parque público se evapore en cuanto cambian las tornas? Blindar a perpetuidad un piso protegido es, precisamente, una garantía para quien hoy no llega. Recurrirlo en nombre de las competencias es legítimo; convertirlo en trinchera, cuando la vivienda es de las primeras preocupaciones de la gente, tiene un coste que no se mide en los estrados.

De momento, el balón está en el tejado de los jueces y en la voluntad política de reconducir, esa que reclamaba la ministra. Lo que no admite recurso es la urgencia del problema.

Fuentes y contexto