El caso Leire Díez ha dejado de ser una tormenta más alrededor del Gobierno para meterse en un terreno mucho más sensible: la cúpula de la Guardia Civil. Y el PP ha decidido mover el foco hacia Margarita Robles.
La vicesecretaria popular Cuca Gamarra pidió este viernes a la ministra de Defensa que actúe tras la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas. Según recogió Europa Press, Gamarra sostiene que Defensa tiene responsabilidades en el nombramiento del DAO y que Robles debe instar su cese.
La clave jurídica no la decide el PP, claro. La decidirán los tribunales. Pero la clave política es bastante evidente: cuando dos responsables de una institución armada aparecen citados como investigados, el Ejecutivo ya no puede vender normalidad como si aquí solo hubiera ruido de fondo.
Qué se sabe y qué no debe darse por hecho
La imputación no equivale a culpabilidad. Conviene repetirlo porque en estos asuntos la brocha gorda siempre sale barata y luego la paga la credibilidad. Medios como El País e Infobae han informado de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó como investigados a González y Llamas en el marco del caso Leire Díez. Eso permite hablar de imputación. No permite hablar de condena, ni de culpabilidad, ni de delitos probados.
También está acreditado que el Gobierno ha mantenido el apoyo a la directora de la Guardia Civil. RTVE publicó que el Ejecutivo trasladó “máxima tranquilidad” tras la imputación y defendió que no había nada que ocultar. Esa es la línea oficial: respaldo, calma y confianza.
La oposición lee justo lo contrario: si no hay ceses ni suspensiones, hay una protección política difícil de explicar. Es un marco duro, interesado, pero políticamente eficaz.
La pregunta a Robles
La presión no se ha quedado en declaraciones televisivas. Servimedia informó de que el PP registró en el Congreso una batería de preguntas escritas a Robles para saber por qué no ha incoado expedientes disciplinarios y de suspensión de funciones tras la imputación de González y Llamas.
Ahí está el movimiento político: sacar el asunto del perímetro de Interior y llevarlo también a Defensa. Robles, una de las ministras con imagen más institucional del gabinete, queda así atrapada en una discusión que el Gobierno preferiría mantener lejos de ella.
Desde una mirada liberal-conservadora, el argumento es sencillo: el Estado no puede pedir confianza a los ciudadanos si parece medir con distinta vara a los altos cargos. Un guardia civil de base sabe que una investigación penal puede tener consecuencias profesionales inmediatas. La pregunta incómoda es por qué arriba todo se convierte en espera prudente, contexto político y comunicado de respaldo.
La Guardia Civil no merece ser el escudo de nadie
El PP ha elevado el tono hasta acusar a Moncloa y Ferraz de formar parte de unas “cloacas”. Esa expresión pertenece al combate partidista y debe leerse como acusación política, no como hecho probado. Pero el Gobierno haría mal en esconderse detrás de los excesos verbales de la oposición para no responder a lo esencial.
Lo esencial es que la Guardia Civil necesita una cadena de mando limpia de sospechas operativas. No porque una imputación condene a nadie, sino porque la autoridad se sostiene también sobre apariencia de imparcialidad. Si los agentes que investigan causas delicadas sienten que sus superiores están políticamente blindados, el daño institucional no espera a la sentencia.
La presunción de inocencia protege a las personas investigadas. La responsabilidad política protege a las instituciones. Son dos cosas distintas. El Gobierno suele mezclar la primera con la segunda cuando le conviene, como si pedir explicaciones fuera dictar condenas. No lo es.
Robles puede defender la prudencia, puede explicar los procedimientos y puede rechazar el marco del PP. Lo que no puede hacer, si quiere conservar su perfil de ministra seria, es fingir que el asunto no va con ella. Porque el PP ya la ha puesto en el centro. Y porque cuando la Guardia Civil entra en una crisis de confianza, el silencio institucional suena demasiado parecido a cálculo.