Hay una forma de hacer campaña y otra de hacer gobierno. En campaña se habla de “prioridad nacional” como eslogan. En el gobierno se escribe en el boletín y se traduce en quién entra primero en la cola de un piso público. Según el relato de El País y de El Periódico de Aragón, eso es lo que está ocurriendo en las comunidades donde el PP ha vuelto a sentar a Vox en el Ejecutivo: el discurso ultra ya no espera a Génova; se cuela en la letra pequeña de la vivienda y de la cultura.
Este octubre se cumplen seis meses de la segunda ronda de gobiernos autonómicos PP-Vox. Extremadura abrió la puerta; detrás cayeron Aragón, Castilla y León y Andalucía. Con la precampaña del 29-N en marcha y unos Presupuestos autonómicos que se van cerrando, las medidas se han acelerado. No es un PowerPoint de mitin: es cola, subvención y cláusula.
Aragón: 44 enmiendas y la nacionalidad en la puerta
En Aragón, PP y Vox han presentado 44 enmiendas a la futura ley de vivienda. Es, según las propias formaciones, el primer proyecto de ley que nace de su unión tras el pacto de abril. Las enmiendas debían pasar este jueves por la Mesa ampliada de la Comisión de Vivienda. Vox no se esconde: la portavoz Carmen Rouco resume que el sistema debe garantizar que “todos los españoles que cumplan los requisitos legales y acrediten una necesidad real sean los primeros en la cola”.
Fuentes de Vox confirman a El País que entre los requisitos figurará de forma específica la “nacionalidad española”. El PP aragonés, en cambio, prefiere el lenguaje del suelo, del parque público y de los plazos administrativos. Susana Cobos habla de miles de viviendas en marcha y de calificación pública a perpetuidad en suelo público. Misma mesa, dos diccionarios: uno dice “prioridad nacional”; el otro, “arraigo” y “más casas”. El resultado político es el mismo: Vox marca el marco y el PP lo firma.
El detalle no es menor. Se prevé un Registro Único de Demandantes de vivienda protegida y pública para cruzar ingresos, composición familiar, otras viviendas y condiciones personales. En la letra de las enmiendas, según la presentación conjunta, aparecen criterios de “arraigo real, duradero, verificable”, historial de empadronamiento, nacionalidad española o residencia legal y necesidad acreditada. Cómo se medirá ese “arraigo con Aragón y con España” queda, de momento, para el desarrollo normativo. Es el truco clásico: la filosofía va en la ley; el filtro fino, en el reglamento.
No es solo Aragón
La Comunidad Valenciana ya estrenó el principio de “prioridad nacional” con rango de ley a finales de julio, en ayudas sociales y vivienda pública, vía ley de acompañamiento de los Presupuestos. Allí el arraigo se acredita con tres años consecutivos de empadronamiento o diez de residencia. El País recuerda que periodos superiores a cinco años chocan con la doctrina de la Unión Europea. Traducción casera: lo que suena a “los de aquí primero” puede acabar en un contencioso europeo.
En Castilla y León el frente es cultural. La Consejería de Cultura está en manos de Vox (Alberto Díaz Pico) y el presidente popular Alfonso Fernández Mañueco ha aceptado una cláusula para las subvenciones al cine: nada de películas con “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas”. Se anuncia un comité de funcionarios para valorar el contenido y se pone en duda hasta la Seminci. Hasta en el comité de dirección de Feijóo hay quien, en privado, admite no creérselo. En público, el PP intenta diluir: “seguro que no es como se está contando”. Cuando un partido necesita esa frase, suele ser exactamente como se está contando.
En Andalucía, el Gobierno de Moreno ha suspendido ayudas a Cruz Roja, Fundación SAMU e Inserta para pisos de acogida e inserción de personas sin hogar —cobertura que alcanzaba en gran medida a migrantes—, según el avance de elDiario.es recogido por El País. En Extremadura, la cooperación al desarrollo pasa de unos 11 millones a 2,7. En Aragón se eliminó la asignación semanal de 17 euros a menores extranjeros no acompañados. El hilo conductor no es sutil: menos red para quien llega y más filtro para quien pide un techo.
El 29-N ya se está gobernando en las autonomías
Feijóo puede llenar plazas hablando de un millón de viviendas y de okupas. Mientras, sus barones con Vox convierten la escasez de vivienda en una pelea de pasaporte y empadronamiento. Si las encuestas dan a la suma PP-Vox opciones de gobierno estatal, lo que se está legislando en Zaragoza o Valladolid no es un experimento local: es el manual de instrucciones.
Quien quiera ver solo “gestión” puede mirar el parque público y las deducciones fiscales. Quien mire el conjunto ve otra cosa: una coalición que usa la vivienda —el bien más escaso y más político del país— para ordenar la sociedad entre nacionales de primera y el resto. Eso no es un debate técnico de urbanismo. Es el país que se está ensayando antes de que abran los colegios electorales.