Óscar Puente ha vuelto a convertir una resolución judicial en munición de Twitter. Esta vez, el detonante ha sido la información publicada por Infobae: el Tribunal Supremo condenó a Víctor de Aldama a cuatro años y medio en el llamado caso mascarillas, pero suspendió la ejecución de la pena por su colaboración con la Justicia.
La reacción del ministro de Transportes fue marca de la casa: ironía gruesa, golpe rápido y mensaje para redes. «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión», escribió, según recoge la misma información.
Cuando un ministro habla como tertuliano
La frase funciona en redes, claro. Tiene sarcasmo, indignación y ese punto de superioridad moral que garantiza aplauso inmediato entre los convencidos. Pero ahí está precisamente el problema: Puente no es un comentarista cualquiera. Es ministro. Y cuando un ministro se burla de una decisión judicial, aunque sea para criticar un resultado que a muchos ciudadanos puede sonar chocante, el mensaje institucional se degrada.
La derecha encuentra aquí un filón legítimo: un Gobierno que exige respeto a los tribunales cuando le conviene, pero que se permite despachar una sentencia con tono de recreo cuando la lectura política no le gusta. No hace falta defender a Aldama para ver la contradicción. Se puede pensar que la suspensión de la pena es discutible y, al mismo tiempo, exigir a un miembro del Ejecutivo algo más que un chascarrillo.
La colaboración con la Justicia incomoda
El fondo del asunto tampoco es menor. La suspensión de la entrada en prisión se vincula, según la información publicada, a la colaboración de Aldama con la Justicia, a la condición de no delinquir, a la presentación de informes semestrales y a trabajos en beneficio de la comunidad. Es decir: no estamos ante un perdón mágico, sino ante una decisión judicial con condiciones.
¿Puede discutirse? Por supuesto. ¿Puede resultar difícil de explicar a la ciudadanía? También. Pero si el Gobierno convierte cada decisión incómoda en una pelea de barra libre, acaba alimentando justo aquello que dice combatir: la idea de que todo —también la Justicia— es solo otro campo de batalla partidista.
El problema no es el tuit, es el reflejo
Puente lleva tiempo cultivando una presencia pública de choque. A veces le sirve para marcar agenda. Otras, para tapar preguntas. Aquí, sin embargo, el estilo empieza a comerse al cargo. Porque el ciudadano no necesita que un ministro le haga memes de una sentencia: necesita que explique qué falla, qué propone cambiar y por qué el sistema debe seguir mereciendo confianza.
La derecha no tiene que exagerar para hacer crítica. Basta con leer el mensaje: un ministro del Gobierno ridiculizando una decisión del Supremo porque le parece demasiado benévola con un colaborador judicial. En un país con la conversación institucional ya bastante rota, no parece precisamente la mejor forma de coser nada.