El puerto de Ceuta se ha convertido en la mesa donde España decide si la emergencia humanitaria se atiende o se deja aparcada detrás de un informe. El Gobierno central ha firmado una resolución de urgencia para tomar el control de una zona portuaria y permitir que Migraciones instale carpas temporales para más de un millar de personas que siguen en la calle.
La palabra importante aquí es temporal. Según las informaciones publicadas por elDiario.es y La Vanguardia, la orden de Transportes se apoya en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y permite usar unos 16.000 metros cuadrados en la Ampliación de Poniente, Fase I. No se habla de levantar viviendas ni de convertir el muelle en un barrio improvisado: se habla de tiendas y carpas para sacar a gente de la intemperie.
La decisión llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara ceder el terreno. El resultado, según Ceuta al Día recogido por elDiario.es, fue claro: 11 votos en contra y 4 a favor. A favor votaron los representantes del Estado —Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno—. En contra, miembros de la ciudad, sindicatos, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios y el presidente de la Autoridad Portuaria.
Juan Jesús Vivas se negó a última hora a facilitar la cesión. Su posición se apoyó, según La Vanguardia, en un informe de la Autoridad Portuaria que veía incompatible el uso del puerto con su explotación normal y con la prohibición de ocupar dominio público portuario para residencia o habitación. El Gobierno contesta con otro encuadre: no son edificaciones residenciales, sino una ocupación provisional para una emergencia. Puertos del Estado validó esa lectura y Óscar Puente firmó la resolución.
La política se entiende mejor cuando se baja al suelo. En Ceuta hay miles de personas que han pasado semanas en condiciones muy precarias tras la entrada masiva de julio. Los medios citan más de 70.000 llegadas, con la mayoría retornada a Marruecos según Interior, pero el problema visible sigue ahí: menores sin protección suficiente, adultos sin techo y una ciudad tensionada hasta el límite.
La derecha local y una parte de la ciudad dicen que el puerto es demasiado sensible, que no puede absorberlo todo y que hay que priorizar retornos y triaje. Ese argumento no desaparece por arte de magia. Pero tampoco puede ser la coartada para que nadie encuentre suelo, nadie asuma el coste y la emergencia se pudra a cielo abierto. Cuando cada nueva ubicación provoca una protesta, el Estado acaba teniendo que decidir. Y decidir, a veces, es mancharse.
El riesgo para el Gobierno es evidente: aparecer como una administración que atropella a Ceuta. El riesgo contrario es más feo todavía: normalizar que una ciudad española mantenga a personas en la calle porque ninguna institución quiere cargar con el coste político de poner carpas. La frontera no se gobierna solo con discursos de soberanía. También se gobierna con agua, techo, camas, identificación y protección de menores.
Vivas puede discutir el método. Los vecinos pueden temer por el uso de su puerto. Pero la pregunta incómoda sigue en pie: si no es ahí, ¿dónde, cuándo y con qué plazas reales? Porque la política del “en mi puerta no” deja muy limpia la conciencia del que vota no y muy sucio el suelo donde duerme la gente.