El Congreso se fue al parón de verano dejando una fotografía muy de esta legislatura: el Gobierno consiguió sacar adelante cosas importantes, pero volvió a estrellarse con la pieza que ordena las cuentas. La quita de deuda autonómica sigue viva. La senda de estabilidad, otra vez no.
Según EFE, el último pleno antes del paréntesis estival avaló dos reales decretos del Ejecutivo y permitió que continúe la tramitación parlamentaria del proyecto para condonar algo más de 83.000 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten. No es una aprobación final de la quita, ojo. Es el paso que evita que el proyecto muera ahora por las enmiendas de totalidad del PP y Vox, que fueron rechazadas con Junts votando en contra de esas enmiendas.
La diferencia importa. Porque una cosa es que el Congreso no tumbe el proyecto en la puerta y otra muy distinta que la reforma ya esté cerrada, bendecida y lista para aplicarse. La letra pequeña seguirá dando guerra: qué comunidades piden entrar, qué coste político paga cada presidente autonómico, cómo se vende en territorios que se consideran cumplidores y qué hace el PP cuando la medida puede beneficiar también a gobiernos suyos.
La deuda no se borra: se redistribuye políticamente
Desde una lectura progresista, la condonación tiene una idea fuerte detrás: si parte de la deuda autonómica nació de crisis encadenadas, infrafinanciación y servicios públicos sostenidos a golpe de respiración asistida, aliviar esa mochila puede dar margen a sanidad, educación, dependencia o vivienda. Dicho sin jerga: menos dinero atrapado en deuda puede significar más aire para lo que usa la gente cada día.
Pero la política nunca reparte aire gratis. La quita de deuda llega atravesada por la financiación autonómica, por la relación del Gobierno con sus socios y por el fantasma permanente de Cataluña. La derecha la presenta como una concesión; el Gobierno la vende como una herramienta para todas las comunidades de régimen común que quieran acogerse. Lo comprobable, por ahora, es más sobrio: el proyecto continúa su trámite y la cifra ronda esos más de 83.000 millones citados por EFE.
El mismo pleno convalidó dos decretos. Uno amplía medidas frente a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos a Irán. El otro permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y elevará el plus de residencia en Baleares a funcionarios del Estado. El PP se abstuvo en esos decretos. Ese dato resume bien el momento: bloqueo duro para unas cosas, pragmatismo para otras, y todo el mundo calculando qué coste tiene aparecer como útil o como obstáculo.
Sin senda, los Presupuestos llegan cojos
La derrota más delicada para Moncloa fue la senda de estabilidad. El Congreso la rechazó por segunda vez. EFE subraya que eso no impide al Gobierno presentar el proyecto de Presupuestos después del verano, pero sí cambia el terreno de juego: tendrá que hacerlo con la senda original del plan fiscal.
¿Qué significa eso en la vida real? Que las autonomías ya no contarán con los 5.849 millones de euros de margen que habría supuesto disponer de una décima de déficit, el 0,1% del PIB, para cada uno de los tres próximos años. En política presupuestaria una décima parece una migaja; en servicios públicos, puede convertirse en médicos, becas, dependencia o inversión que se queda sin hueco.
El Gobierno intenta leer el vaso medio lleno. Fuentes del Ejecutivo citadas por EFE sostienen que plenos así prueban que la legislatura aún tiene recorrido y que, pese al ruido, se pueden aprobar iniciativas. El PSOE añade su propio marcador: 74 iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura.
El problema es que gobernar no es solo contar leyes aprobadas, igual que llegar a fin de mes no es solo enseñar recibos pagados. La legislatura avanza, sí, pero lo hace con una aritmética fatigada: salva decretos, mantiene viva la quita, reforma el Reglamento del Congreso, mueve la AP-9 hacia Galicia, aprueba cribado neonatal y una pasarela para mutualistas al RETA. Y aun así, cuando llega la gran pregunta de las cuentas, se queda sin mayoría.
La quita de deuda puede ser una oportunidad para aliviar a las comunidades y abrir una discusión más honesta sobre financiación. Pero si va acompañada de Presupuestos bloqueados, el mensaje se vuelve menos épico: el Estado intenta arreglar una tubería mientras la casa entera discute quién paga la reforma.