Cada vez que se habla de «modernizar» el mercado de trabajo aparece la misma trampa: presentar los derechos de los trabajadores como un lastre del pasado y la precariedad como el peaje inevitable del futuro. Es un relato cómodo para quien no va a pagar ese peaje. Y conviene decirlo claro: una transición que se sostiene sobre contratos frágiles y sueldos a la baja no es transición, es ajuste con otro nombre.
La discusión no es si la economía debe adaptarse. Claro que debe. La digitalización, el cambio climático y la reconversión de sectores enteros van a transformar cómo y dónde trabajamos. La pregunta, la única que importa, es quién asume el riesgo de esa transformación. Y la respuesta de las últimas décadas ha sido casi siempre la misma: lo asume el de abajo.
Qué cambió la reforma de 2021 (y por qué importa)
El Real Decreto-ley 32/2021 reformó la legislación laboral española y tocó cuatro piezas que sostienen el día a día de millones de personas: la contratación temporal, la negociación colectiva, la subcontratación y los mecanismos de flexibilidad interna. No es un tecnicismo de boletín oficial. Es el marco que decide si un contrato dura tres semanas o una vida, si tu convenio lo negocia un sector entero o te lo imponen empresa a empresa, y si ante un bache la respuesta es reorganizar el trabajo o mandar gente a la calle.
La lógica de fondo de esa reforma fue razonable: que el contrato indefinido vuelva a ser la norma y no la excepción, que la negociación colectiva recupere músculo frente a la fragmentación, y que las empresas dispongan de herramientas para adaptarse sin que el despido sea siempre la primera opción. Esa dirección hay que defenderla y, sobre todo, no dejar que se revierta con la excusa de turno.
Qué es —y qué no es— una transición justa
El concepto de transición justa no es un eslogan inventado para una pancarta. Está recogido en marcos internacionales vinculados al trabajo decente y a los cambios productivos y climáticos: la idea de que, cuando una economía se transforma, los costes y los beneficios deben repartirse con un mínimo de decencia. Que el minero, el operario o la dependienta que pierden su empleo por una reconversión tienen derecho a formación, a alternativas reales y a una red que no los deje caer.
Lo que no es una transición justa: usar la palabra «futuro» como anestesia. Llamar «flexibilidad» a poder despedir más barato. Vender como inevitable lo que en realidad es una decisión política sobre el reparto. Defender derechos no es negar que las empresas necesiten adaptarse; es exigir que esa adaptación no se financie, una vez más, con la estabilidad de quien menos margen tiene.
Quién gana, quién pierde
Seamos honestos con las cuentas. Cuando la balanza se inclina hacia la desregulación, gana quien puede esperar: el capital, que tiene colchón, paciencia y abogados. Pierde quien vive de su nómina y no puede permitirse tres meses sin ingresos. Un mercado laboral con derechos fuertes, negociación colectiva con peso y contratos estables no es un capricho ideológico: es lo que permite que una familia pida una hipoteca, que un joven se emancipe, que el consumo no se hunda. La estabilidad laboral es también estabilidad económica.
Y al revés: la precariedad no es solo injusta, es ineficiente. Una plantilla que rota cada pocos meses no se forma, no se especializa, no innova. El país que apuesta por competir bajando salarios renuncia a competir de verdad. Eso no significa que toda flexibilidad sea un abuso —hay adaptaciones legítimas y necesarias—, pero sí que la flexibilidad no puede ser la coartada permanente para descargar el riesgo sobre el mismo lado de la mesa.
Qué cambia y qué no
Lo que puede cambiar con voluntad política: blindar la negociación colectiva, reforzar la causalidad de la temporalidad, perseguir la subcontratación que solo sirve para abaratar derechos y dotar de verdad los mecanismos de transición. Lo que no debería cambiar nunca, gobierne quien gobierne, es el principio de fondo: el Estatuto de los Trabajadores no es una concesión graciosa, es un suelo de dignidad conquistado a pulso.
Una reforma laboral que merezca ese nombre no se mide por cuánto facilita despedir, sino por cuánta seguridad reparte. La transición hacia la economía que viene será justa o no será nada más que la enésima factura pasada a los de siempre. Y esa, sencillamente, no deberíamos volver a firmarla.