El Congreso está a punto de cambiar sus propias reglas de juego. No para esta legislatura, sino para la siguiente. La reforma del Reglamento que avanza estos días busca facilitar que las formaciones minoritarias tengan grupo parlamentario propio. Dicho así suena técnico. En realidad significa más voz, más tiempo, más presencia en órganos clave y más dinero público para partidos que, con las normas actuales, pueden quedarse atrapados en el Grupo Mixto.

Según Europa Press, la iniciativa impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG superó el trámite de ponencia con el voto en contra de PP y Vox. El texto pasó después de que en mayo el Pleno aceptara debatirlo con apoyo del PSOE, y la previsión de los socios del Gobierno es llevarlo al Pleno del 23 de julio para dejarlo listo antes de las próximas elecciones generales.

Qué cambia de verdad

El artículo 23 del Reglamento de 1982 exige hoy 15 diputados para formar grupo propio. Si no se llega a esa cifra, hay otra vía: al menos cinco escaños y un 5% de los votos en todo el Estado, o un 15% en las circunscripciones donde se concurre. La reforma rebajaría esos umbrales: del 5% al 3% estatal y del 15% al 10% provincial. Además, Junts introdujo una enmienda para que ese porcentaje se mida solo en las circunscripciones donde el partido obtenga representación, según la misma información.

La letra pequeña importa porque al comienzo de la legislatura ERC y Junts no cumplían los requisitos ordinarios y necesitaron préstamos temporales de diputados del PSOE y Sumar para constituir grupo. La Mesa del Congreso lo validó. PP y Vox lo llevan denunciando desde entonces como una ingeniería parlamentaria al servicio de los socios de Sánchez. Los promotores responden que el sistema actual castiga a fuerzas con apoyo territorial real y pluralidad política.

Pluralidad o privilegio: esa es la pelea

Hay un argumento democrático fuerte a favor de la reforma: España no vota como un bloque uniforme. Hay partidos territoriales, nacionalistas, soberanistas y fuerzas pequeñas que representan a cientos de miles de electores. Si el Congreso quiere parecerse al país real, no puede convertir el Grupo Mixto en un cajón desordenado donde voces muy distintas compiten por minutos y visibilidad.

Pero también hay una objeción razonable: el grupo propio no es solo un micrófono más bonito. Da puestos en comisiones, presencia en la Junta de Portavoces, preguntas de control, subvenciones y recursos. Cambiar los umbrales a las puertas del final de la legislatura puede sonar a reforma institucional o a seguro político para aliados parlamentarios. Depende de desde qué lado se mire; y, sobre todo, de si quien la defiende estaría igual de cómodo si beneficiara mañana a sus adversarios.

El PP ha respondido con otra idea: proporcionalidad estricta. Europa Press informó de que los populares quieren que a más diputados correspondan más subvención, más tiempo y más medios, poniendo fin al principio de equidad que rige desde 1982. Es una propuesta coherente con la lógica mayoritaria: quien tiene más votos debe pesar más. También es peligrosa si acaba aplastando a minorías legítimas y convirtiendo el Parlamento en un megáfono de los grandes.

Un cambio para el próximo Congreso

Una enmienda técnica incorporada en ponencia deja claro que la reforma entraría en vigor en la próxima legislatura. Eso reduce el reproche de beneficio inmediato, pero no elimina la sospecha política: todos están calculando el Congreso que viene. Las encuestas, los pactos posibles y el valor de cada socio pequeño pesan en cada coma.

La derecha ve una alfombra roja para que independentistas y aliados del Gobierno conserven poder aunque bajen en votos. La izquierda y los grupos minoritarios lo presentan como una corrección de una regla envejecida que no entiende bien la España plurinacional y fragmentada. En medio queda el ciudadano normal, que solo pide una cosa: que las normas del Parlamento no parezcan un traje hecho a medida en la sastrería del día.

Si el Congreso quiere reformarse, debe hacerlo con luz larga y no con calculadora de investidura. Facilitar grupos puede mejorar la representación. Repartir recursos con proporcionalidad puede evitar abusos. Lo serio sería discutir ambas cosas sin venderlas como pureza democrática cuando todos saben que aquí cada cual mira primero su próximo resultado electoral.