Nueve años después del 1 de octubre, Barcelona abre por fin el único juicio por las cargas policiales de aquel día. En el banquillo no hay urnas ni discursos: hay cuatro agentes de la Policía Nacional —tres mandos y un escopetero— acusados de lesiones graves por el disparo de una pelota de goma que dejó tuerto a Roger Español.
El retraso ya es un dato político. El otro es más incómodo todavía: la Fiscalía pide la absolución y sostiene que los agentes cumplían con su deber. La Abogacía del Estado defiende a tres de los cuatro. La víctima, Òmnium, la ANC e Irídia piden entre nueve y trece años de cárcel e inhabilitación. El Estado, en la práctica, se sienta al lado de quien disparó.
Una pelota, un ojo, un relato
Español ha declarado que el 1 de octubre estaba cerca del colegio Ramon Llull, en su barrio. Se sumó a una sentada para frenar la requisa de urnas y colocó vallas en un cruce. Hubo forcejeo: un agente lo golpeó, perdió la porra y él intentó impedirle recuperarla. Después, según su versión, cuando las furgonetas salían hacia la Gran Via y él estaba junto a periodistas, un policía disparó una pelota de goma a la cara.
“Fue una represalia”, ha dicho. El periodista David Bou, de La Directa, lo ha reforzado con una frase que debería pesar en cualquier juicio de Estado: disparó a bocajarro, no al suelo, y no había disturbios alrededor.
Los escritos de acusación afirman que en la zona se lanzaron hasta 17 pelotas de goma y 48 salvas. El escopetero procesado habría efectuado dos disparos fallidos y un tercero a 14,2 metros que impactó en el lado derecho del rostro cuando Español tenía las manos levantadas entre manifestantes y prensa. Resultado: estallido del globo ocular, fracturas faciales y secuelas físicas y psicológicas permanentes.
Amnistía para unos, banquillo para otros
A estos agentes se les denegó la amnistía porque la pérdida de un órgano principal queda fuera de la norma. Es decir: la ley del olvido político no borra un ojo reventado. Bien. Pero el contraste es brutal con el clima de absoluciones institucionales que rodea el caso. Si la Fiscalía ya pide libre de cargos antes de oír a fondo el juicio, el mensaje público no es “presunción de inocencia”; es “presunción de razón de Estado”.
La Abogacía del Estado ha pedido incluso meter en la causa vídeos y fotos de conciertos en los que Español tocó el saxofón después de 2017, como si tocar un instrumento borrara el daño. El abogado de la víctima, Benet Salellas, lo ha dejado claro: Español es la víctima del procedimiento, no un sospechoso al que hay que reexaminar la vida cultural.
Lo que se juega de verdad
Este juicio no reescribe el 1-O entero. Pero es la primera vez que el aparato judicial mira de frente una de las heridas más visibles de aquellas cargas. Nueve años para sentar a cuatro agentes. Una Fiscalía que prefiere el escudo al escrutinio. Una víctima que sigue sin ojo y con el Estado mirando hacia otro lado.
Si al final hay absolución sin un relato exhaustivo de por qué se disparó a la cara en plena calle, la lección será simple y fea: en España se puede perder un ojo por protestar y el reloj de la justicia corre, sobre todo, a favor de quien porta el arma reglamentaria.