El Congreso ha tumbado el decreto de RTVE y el Gobierno vuelve a recibir el mismo mensaje con distinto envoltorio: no basta con aprobar una norma en Consejo de Ministros y confiar en que la mayoría aparezca por arte de magia. Esta vez la iniciativa cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, sin abstenciones, según la nota oficial del Congreso.
El decreto buscaba modificar la financiación de la Corporación RTVE para que determinados impuestos no deducibles se considerasen coste del servicio público. Hacienda lo defendió como una medida de neutralidad económica: que RTVE no ganara ni perdiera patrimonio por cargas fiscales ligadas a su actividad. La oposición lo leyó de otra manera: una chapuza, un parche y otra muestra de que el Ejecutivo legisla como si tuviera una mayoría que ya no controla.
Cuando Junts apaga el interruptor
La clave política fue Junts. The Objective recogió antes de la votación que su diputado Josep Maria Cruset anunciaba el no de sus siete votos. Su argumento no fue solo contable: Junts sostuvo que el problema también afecta a TV3 y Catalunya Radio y que el decreto no ofrecía una solución útil para la corporación catalana de medios.
Ahí está el punto incómodo para el Gobierno. Puede presentar el asunto como estabilidad financiera de un servicio público, pero si una pieza decisiva de su mayoría cree que la norma mira demasiado a Madrid y poco a Cataluña, el decreto se cae. Y se cayó.
Servicio público no significa cheque en blanco
La derecha tiene un flanco razonable cuando exige control sobre RTVE: una televisión pública necesita financiación suficiente, sí, pero también cuentas claras, independencia y explicaciones comprensibles. El problema es convertir cualquier debate presupuestario en una guerra cultural permanente donde la palabra “público” se trata como sospechosa por defecto.
La caída del decreto deja dos lecturas. La primera, técnica: RTVE sigue con una incertidumbre que el Gobierno consideraba urgente resolver. La segunda, política: Sánchez ya no pierde solo grandes votaciones simbólicas; también tropieza en normas de fontanería institucional. Y cuando un Gobierno no controla ni la fontanería, el edificio entero empieza a sonar a cañerías viejas.