Pedro Sánchez cerró el curso político con una palabra que en Moncloa suena a escudo: “funciona”. El presidente presentó su informe de rendición de cuentas, defendió que el Gobierno ha aprobado 26 normas con rango de ley en este periodo de sesiones y prometió apurar la legislatura. La foto oficial es de gestión, empleo y resistencia. La foto política, bastante menos ordenada, es la de un Ejecutivo que presume de datos mientras pelea con un Congreso que ya le ha tumbado dos veces la senda de estabilidad y con una oposición que no compra ni una coma del relato.
La comparecencia tenía dos planos. En el primero, Sánchez sacó pecho económico: España, dijo, lleva casi tres años siendo la gran economía europea que más crece; citó empleo récord, paro por debajo del 10% y más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. También reivindicó becas, dependencia, vivienda, Cataluña, política exterior y el paquete anticorrupción que el Consejo de Ministros acaba de remitir al Parlamento con la futura Agencia Independiente de Integridad Pública.
En el segundo plano estaban los incendios. Ahí el presidente intentó desplazar la pelea partidista hacia un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Moncloa habla de ocho grandes incendios activos, zonas declaradas gravemente afectadas y ayudas en marcha. Sánchez añadió un dato duro: más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, seis veces más que en el mismo periodo del año pasado, y más de una decena de víctimas mortales. Es el tipo de cifra que debería obligar a bajar el volumen del pinganillo ideológico.
Pero julio no perdona. El PP respondió con Miguel Tellado acusando al presidente de “triunfalismo insultante” y de vivir en una “burbuja” de corrupción y privilegios. RTVE recoge que Tellado resumió el balance de Sánchez en “tres condenas en ocho meses” y “cero presupuestos en cuatro años”, además de recordar los varapalos parlamentarios a la senda de estabilidad y la retirada del decreto de vivienda. Es una ofensiva política, no una sentencia global sobre cada causa judicial. Conviene separar el dato verificable —hay investigaciones y condenas en el entorno político socialista y reveses parlamentarios— de la brocha gorda partidista.
La clave está justo ahí: Sánchez puede tener razón cuando dice que el Gobierno todavía produce normas y que los indicadores macroeconómicos le favorecen. Y el PP puede tener razón cuando señala que sin Presupuestos, con socios imprevisibles y con causas judiciales ocupando la agenda, el relato de estabilidad hace aguas. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. La política española lleva tiempo viviendo de esa contradicción: un Ejecutivo que gobierna a ratos y una oposición que convierte cada grieta en plebiscito.
La pregunta útil no es si Sánchez “funciona” o si “se acaba”, como quieren los lemas de uno y otro lado. La pregunta es más prosaica: qué puede aprobar realmente el Gobierno a partir de septiembre, con quién, a cambio de qué y con qué prioridad. Porque si la vivienda se retrasa, la senda de déficit cae y la reforma anticorrupción entra en una Cámara partida, el balance deja de ser un documento bonito para convertirse en una lista de pruebas pendientes.
También hay una lectura incómoda para todos. La emergencia climática ya no cabe en el cajón de los comunicados solemnes. Si los incendios se usan solo para golpear al rival, el pacto nacerá muerto. Si el pacto se plantea solo como una foto de Moncloa sin concreción autonómica, tampoco servirá. España necesita prevención, financiación, coordinación y responsabilidades claras. Menos épica de sala de prensa y más saber quién limpia monte, quién paga medios, quién coordina evacuaciones y quién responde cuando falla.
El curso termina, por tanto, con Sánchez intentando convertir resistencia en balance y con el PP intentando convertir desgaste en cuenta atrás. Entre ambas cosas queda el país real: trabajadores que sí ven empleo, familias que no pueden pagar alquiler, territorios quemados y un Parlamento que no regala mayorías. La política puede vender verano. Septiembre pedirá recibos.