El plenario olía a ajuste de cuentas. Pedro Sánchez compareció este jueves en el Congreso a petición propia para explicar la crisis de Ceuta y se agarró a una frase de manual: a día de hoy nadie ha aportado al Gobierno pruebas sólidas de que las autoridades marroquíes diseñaran o ejecutaran la entrada masiva del 30 de julio. Acto seguido soltó el dato que la oposición esperaba como munición: el 21 de agosto convocaron a la embajadora Karima Benyaich por declaraciones «inaceptables» de dos ministros de Rabat sobre Ceuta y Melilla. Una citación que no se contó entonces y que ahora se vende como contundencia diplomática tardía.

El relato oficial intenta cuadrar el círculo. Por un lado, Marruecos sigue siendo el socio imprescindible de la frontera sur: Sánchez recuerda que, sin su colaboración, no se habría logrado el retorno de alrededor de 63.000 personas en 72 horas —más del 90% de quienes entraron los días 30 y 31 de julio, según su intervención—. Por otro, admite que dos ministros alauíes cruzaron una línea roja verbal y que Moncloa reaccionó llamando a la embajadora. El PP no compra el matiz: habla de convocatoria «clandestina» y pide llamar a consultas al embajador español en Rabat.

Qué dijo exactamente el presidente

Sánchez abrió con solemnidad soberanista. Garantizó que Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas «hasta el final de los tiempos» y evocó los leones del Congreso, fundidos con cañones de la Guerra de África y el Tratado de Wad-Ras. Después bajó al barro factual de la crisis:

  • Niega que los avisos previos al 30 de julio fueran más allá de datos rutinarios o descripciones sin escala ni probabilidad de lo ocurrido en El Tarajal.
  • Anuncia que ha ordenado publicar un dosier con los informes de inteligencia anteriores a esa fecha para demostrar que no hubo un aviso preciso ignorado a propósito.
  • Reconoce dos informes de situación del CNI que describían el aumento de cruces por el espigón y recomendaban extremar la precaución.
  • Sitúa el 29 de julio una comunicación por mensajería entre la delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil, en la ventana previa al estallido.
  • Admite fallos: «fallaron cosas» en la cadena de información, sin convertir ese reconocimiento en una rectificación de la relación con Rabat.

Sobre Marruecos, la línea roja la marca él mismo: si aparecieran pruebas sólidas, actuará «con total contundencia». Hasta entonces, pide «rigor y prudencia» y carga contra quienes, a su juicio, convierten indicios policiales en sentencia geopolítica. También arremete, según el relato de varios medios, contra la forma en que el informe policial ha circulado sin elevarse por la vía que Moncloa considera correcta: el presidente se presenta casi como damnificado del goteo informativo.

Los ministros marroquíes que obligaron a mover ficha

El detalle diplomático ya no es abstracto. Según la reconstrucción publicada este jueves, Sánchez alude a:

  • Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia, que reivindicó «derechos históricos y geográficos» sobre las ciudades autónomas.
  • Ahmed Toufiq (también citado como Tufiq), ministro de Asuntos Islámicos, que habló de una «lucha» —medios la califican de sagrada o islámica según la traducción— para «liberar» lo que Rabat llama ciudades ocupadas, en un acto con presencia del entorno de Mohamed VI.

«Dos declaraciones que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a su embajadora el pasado 21 de agosto», dijo el presidente. La ironía política es brutal: esa convocatoria coincidió con sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote). Feijóo lo usó como metáfora de un Gobierno que reacciona en privado y explica en público solo cuando el Congreso le pone el micro.

El órdago de Feijóo: cómplice o incompetente

Alberto Núñez Feijóo no fue a buscar matices. Pidió la dimisión de Sánchez en una disyuntiva calculada para la telegenia del hemiciclo: si su versión es verdad, que dimita por incompetente; si es falsa, que dimita por cómplice. Y añadió la amenaza de largo plazo: «Lo va a pagar ante la Justicia y ante las urnas».

El líder del PP sostiene que la operación «salió» de Marruecos, fue «consentida» y que el Gobierno lo sabía. Habla de un posible acto de guerra híbrida sobre la mesa y pregunta en abierto por qué Sánchez tendría «miedo» a Rabat, con un dardo envenenado —«¿qué sabe Marruecos de usted?»— que mezcla sospecha política y el fantasma de espionaje tipo Pegasus sin aportar prueba nueva en el escaño. También afea la citación «clandestina» a la embajadora y reclama una respuesta diplomática más dura, no un comunicado a toro pasado.

El contraste con los papeles policiales

La comparecencia no se celebra en el vacío. En las últimas horas han circulado reconstrucciones del informe del CENIF y de otras piezas policiales que hablan de planificación, guiado activo, permisividad fronteriza y un «incremento súbito» de mensajes a favor de cruzar ya el 28 de julio, un día antes de la primera alerta formal de esa unidad. Moncloa responde que indicios no son prueba concluyente para romper con el socio fronterizo. La oposición responde que, si hace falta una notaría para llamar a las cosas por su nombre, el Estado llega tarde a su propia frontera.

El presidente intenta cerrar el relato con dos movimientos: publicar papeles para desmontar la tesis del aviso ignorado y exhibir la convocatoria del 21 de agosto para desmontar la tesis de la sumisión total a Rabat. Feijóo intenta dejarlo en un callejón sin salida moral: o no vio venir el golpe, o lo tapó. En ambos casos, dice, no puede seguir.

Lo que queda fuera del eslogan es la pregunta práctica que Ceuta lleva semanas gritando: si Marruecos es a la vez colaborador del retorno masivo y sospechoso del colapso inicial, ¿quién manda de verdad en el reloj de la frontera? Sánchez pide tiempo y dosieres. Feijóo pide la dimisión. El Congreso, hoy, ha sido el campo de pruebas de esa disputa.

Fuentes y contexto