Sanidad ha puesto sobre la mesa más de 235 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, la salud bucodental y varias prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Sobre el papel, suena a buena noticia. En la vida real, donde pedir cita al médico de familia sigue pareciendo una prueba de resistencia, la pregunta es bastante menos solemne: ¿esto se va a notar en el centro de salud o se quedará en otra foto de Consejo Interterritorial?
Según EFE, el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó este viernes el reparto de fondos para 2026. La ministra Mónica García detalló que 172,4 millones irán a Atención Primaria y comunitaria y 60 millones a ampliar la cartera común de salud bucodental. También hay dos millones para mejorar el sistema de información del SNS y 960.000 euros para el marco estratégico de cuidados de enfermería.
El dinero importa, pero no tapa el conflicto laboral
La parte incómoda llegó por otro lado. Las comunidades gobernadas por el PP expresaron su malestar porque el Consejo no abordara el estatuto marco, que acumula ya miles de alegaciones y mantiene abierto el pulso con los profesionales sanitarios. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, actuando como portavoz de las comunidades populares, acusó a García de no querer negociar y de estar cómoda en el conflicto.
Desde una lectura liberal-conservadora, el punto débil del Ministerio es evidente: repartir fondos puede ser necesario, pero no sustituye una reforma seria de condiciones laborales, organización y eficiencia. Si el médico sigue encadenando agendas imposibles, guardias interminables y burocracia absurda, el ciudadano seguirá viendo el sistema igual: saturado, lento y demasiado dependiente de la épica de sus profesionales.
Primaria, dientes y tratamientos caros
El paquete aprobado tiene medidas concretas. Además del refuerzo de Primaria y salud bucodental, Sanidad aprobó un protocolo común para coordinar en todo el sistema el acceso a tratamientos farmacológicos complejos: aquellos que superan los 80.000 euros por paciente y año. La ministra defendió que estos tratamientos deben administrarse con las mismas reglas en todo el territorio.
Ahí hay una idea sensata: que la tarjeta sanitaria no funcione como una lotería territorial. Pero esa promesa choca con una realidad autonómica donde cada comunidad gestiona, prioriza y se defiende con sus propias cuentas. García replicó al PP que las autonomías han recibido más financiación desde 2018 y les acusó de no trasladar suficiente presupuesto a sanidad. Los gobiernos populares responden que el Ministerio no puede exigir más sin sentarse a resolver el estatuto marco.
La eutanasia vuelve a marcar la línea ideológica
El pleno también aprobó la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid. La consejera madrileña, Fátima Matute, alegó problemas éticos, jurídicos y clínicos, y defendió que Madrid no cuestiona la ley sino el manual de aplicación. García contestó que Madrid va contra derechos como la eutanasia o el aborto y aseguró que el manual tiene garantías jurídicas.
La sanidad española vuelve así a enseñar sus dos batallas a la vez: la material y la cultural. La primera va de citas, listas, médicos, enfermería y dinero. La segunda va de derechos, objeciones, protocolos y modelos de sociedad. El problema es que el paciente que espera en el ambulatorio no vive esas batallas por separado. Las sufre juntas.
La medida del Gobierno puede ayudar si llega bien, se ejecuta pronto y se mide con resultados. Pero venderla como respuesta suficiente sería tramposo. La sanidad pública no necesita solo millones: necesita orden, profesionales menos quemados y una conversación adulta entre Ministerio y comunidades. Sin eso, cada Consejo Interterritorial será lo de siempre: muchos titulares, mucha bronca y el ciudadano esperando al otro lado del mostrador.