La crisis de Ceuta ya no se queda en la verja ni en el Consejo de Ministros. Ha saltado a Europa. Y lo ha hecho por la vía más incómoda: Italia puso sobre la mesa revisar o suspender Schengen con España por la presión migratoria y el ministro José Manuel Albares respondió convocando al embajador italiano. En diplomacia, eso no es un gesto cualquiera. Es la forma educada de decir: hasta aquí.
Europa Press informó de que Albares citó al embajador Giuseppe Buccino Grimaldi después de que desde Italia se planteara cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta. RTVE situó el choque en el mismo marco: Roma vinculó la situación fronteriza con la política migratoria española y Exteriores reaccionó con una protesta formal. No hace falta adornarlo mucho: cuando un socio europeo sugiere levantar barreras internas contra otro, el problema deja de ser local.
El contexto es grave. En las últimas horas, las agencias y medios españoles han descrito una entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta, el despliegue del Ejército para apoyar a la Guardia Civil y el viaje de Pedro Sánchez a la ciudad autónoma junto al ministro del Interior. La Moncloa, en su agenda pública, recogía para este viernes una reunión de coordinación en Ceuta con Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno y responsables policiales. Es decir: el Gobierno intenta enseñar mando sobre el terreno mientras la oposición exige medidas más duras y Europa mira de reojo.
El punto delicado está en Schengen. La libre circulación no es una medalla decorativa: es una de las piezas que hacen reconocible a la Unión Europea. Si cada crisis fronteriza se convierte en una amenaza de cerrar puertas entre socios, la UE pasa de club político a comunidad de vecinos enfadada. Y eso tiene consecuencias muy concretas: controles, tensión diplomática, sospecha entre gobiernos y munición para quienes llevan años diciendo que Europa solo funciona cuando no hay problemas.
Desde una lectura progresista, la respuesta italiana huele demasiado a política interior exportada. Ceuta tiene un problema real, Marruecos tiene que cooperar y España debe controlar su frontera con medios suficientes. Pero usar esa crisis para señalar a España como foco de contagio migratorio dentro de Schengen es una manera peligrosa de convertir a las personas migrantes en moneda electoral europea. Además, desplaza la pregunta central: qué responsabilidad comparten España, Marruecos y la UE en una frontera que también es frontera europea.
Desde una lectura liberal-conservadora, la advertencia tampoco se puede despachar con indignación automática. Si un país no logra controlar una frontera exterior, sus socios tienen derecho a preocuparse por el efecto sobre el espacio común. La diferencia está entre exigir coordinación europea seria y lanzar una amenaza que suena a castigo político. Una cosa es pedir Frontex, cooperación con Rabat y reglas claras. Otra es agitar Schengen como si fuera una persiana que se baja cuando conviene.
Lo que no debe colarse en el debate es la trampa de los absolutos. No está acreditado que España haya “provocado” por sí sola la crisis, ni que Italia pueda resolverla cerrando el paso a españoles. Tampoco basta con invocar solidaridad europea si esa solidaridad no se traduce en medios, presión diplomática y reparto de responsabilidades. La frontera de Ceuta necesita control. Schengen necesita confianza. Y la política europea, por una vez, necesitaría algo más que titulares para consumo doméstico.