El Ministerio de Trabajo ha abierto la audiencia pública del borrador de real decreto que subiría el Salario Mínimo Interprofesional a 1.286 euros al mes en 14 pagas a partir del 1 de enero de 2027. Son 65 euros más que los 1.221 que se cobran ahora. Un 5,3% de subida. El texto está en consulta hasta el 16 de noviembre. Aún no ha pasado por el Consejo de Ministros ni ha llegado al BOE. Pero la intención del Gobierno está trazada con claridad.
El martes Yolanda Díaz lo confirmó en un acto con UGT sin rodeos. El SMI subirá ese 5,3%. Entrará en vigor el 1 de enero. Y ese sueldo se cobrará, dijo, de manera «íntegra», sin que el fisco se lleve su parte. Con exención de IRPF. Ojo: eso es una intención declarada públicamente, no una ley aprobada en el Congreso. Para que la exención sea real habrá que legislar, con todo lo que implica en un parlamento fragmentado y con elecciones encima. Pero Díaz lo dijo con cámaras delante, en un acto sindical, días antes del 29-N. Eso tiene peso.
65 euros. Fin de mes.
Para quien cobra el mínimo, 65 euros al mes no es una cifra abstracta. Es la compra de la semana. Es el abono de transporte. Es lo que separa llegar o no llegar a fin de mes sin entrar en números rojos. Los cerca de 2,5 millones de trabajadores que perciben el SMI lo saben mejor que nadie.
El borrador técnico justifica la subida con dos argumentos concretos. Primero: compensar el desfase entre la inflación de este año —la variación del IPC media de enero a octubre ronda el 3,5%— y la subida del SMI de 2026, que fue del 3,1%. El poder adquisitivo se erosiona despacio, pero se erosiona. Segundo: seguir avanzando hacia el 60% del salario medio, como exige la Carta Social Europea. No es un capricho político; es un estándar al que España lleva años intentando acercarse.
Los expertos del Comité Asesor para el Análisis del SMI habían recomendado una subida en torno al 4,9%, unos 1.281 euros. El Gobierno va algo por encima. CCOO y UGT pedían el 7%. La patronal no quería tanto. El 4 de noviembre hubo una consulta con sindicatos y empresarios: no hubo acuerdo. Pero el Gobierno solo está obligado a consultar, no a pactar. Y ha consultado.
El calendario también habla
La audiencia pública cierra el 16 de noviembre. La campaña electoral arranca el 13 a medianoche. Las elecciones son el 29. No hace falta mucho para ver que los plazos encajan. El Gobierno quiere llevar el decreto al Consejo de Ministros antes del 29-N, aunque eso pueda ocurrir con el Ejecutivo ya en funciones dependiendo de cómo queden las urnas.
¿Es eso oportunismo electoral? Puede que en parte sí. Pero también es gobernar. Los 65 euros no se los regala nadie a esos 2,5 millones de trabajadores. Alguien tiene que tomar la decisión, firmarlo y publicarlo. Díaz fue más allá en el acto de UGT: animó a apoyar la huelga convocada para el 11 de noviembre, criticó la posición del Partido Popular sobre el salario mínimo, las horas extras y las pensiones, y lo cerró con una frase que vale como declaración de intenciones: «Seguiremos subiendo el SMI… gobernando hasta el último minuto». Que lo haga o no depende del 29-N. Pero la pieza está en el tablero.
Qué dice el borrador
Algunos números del texto que está en consulta: el salario mínimo diario quedaría en 42,87 euros. Para contratos de corta duración, 60,88 euros al día. Para el trabajo doméstico, 10,06 euros la hora. También se especifica que el salario en especie no puede reducir la parte dineraria del SMI; es decir, los 1.286 euros en dinero son los 1.286 euros, sin que nadie pueda compensar una parte con un coche de empresa o un ticket restaurante.
Un detalle que afecta a mucha gente: las ayudas y contratos que tengan como referencia el SMI no se actualizarán automáticamente con la subida, salvo que una disposición específica lo establezca. Muchas prestaciones y subsidios están vinculados al salario mínimo, y el Gobierno deberá pronunciarse sobre cada caso.
La exención de IRPF: promesa concreta, ejecución pendiente
Este es el punto más llamativo y el que necesita más matiz. Díaz anunció que los trabajadores que cobren el SMI no deberían tributar por él. En la práctica, eso significa que ese sueldo se percibiría sin retenciones fiscales, íntegro. Una diferencia real y tangible para quienes ya están en un nivel de renta muy ajustado.
Pero hay que ser honestos: eso no es una ley. Es una intención declarada públicamente. Para hacerla realidad haría falta una reforma normativa que tiene que pasar por el Congreso. Con el Parlamento fragmentado y unas elecciones a la vuelta de la esquina, no es un trámite automático ni garantizado. La promesa es concreta; su ejecución, pendiente.
Dicho eso, tampoco es un globo sonda sin consecuencias. Una vicepresidenta del Gobierno lo anuncia así, en un acto sindical, con cámaras delante, días antes de unas elecciones. Eso es un compromiso político que queda en el registro. Quien gobierne después del 29-N tendrá que responder a eso de alguna manera.
Lo que está en juego
El SMI en España ha subido más de un 50% desde 2018. Eso no trajo el desastre laboral que algunos anunciaban. Pero tampoco ha cerrado la brecha salarial ni ha resuelto la precariedad de demasiados contratos. Una subida a 1.286 euros es una pieza, no el puzzle entero.
Sola, no cambia el sistema. Pero en la vida concreta de alguien que cobra el mínimo, 65 euros más al mes —y potencialmente sin que Hacienda se lleve una parte— es una diferencia que se nota. En la nevera, en la factura de la luz, en si puedes o no puedes llegar a final de mes.
El decreto no está publicado. La exención de IRPF no está legislada. Las elecciones no han llegado. Pero la dirección está trazada, y quien quiera gobernar después del 29-N tendrá que decir, con claridad, qué hace con ese trazo.