Durante años, el subsidio para mayores de 52 años se ha vendido como lo que, sobre el papel, debería ser: una red para quienes se quedan sin empleo en el peor tramo de su vida laboral, demasiado mayores para que les vuelvan a llamar y demasiado jóvenes para jubilarse. Que ese colchón hace falta no lo discute casi nadie. Lo que ha saltado esta semana a los titulares es otra cosa, bastante más incómoda: la sospecha, cada vez mejor documentada, de que el diseño de la ayuda puede estar logrando justo lo contrario de lo que promete.
El empujón llega con sello institucional. Este 27 de junio, varios medios recogen un análisis del Banco de España que pone el foco sobre esta prestación. Libertad Digital lo resume sin anestesia en un titular que da idea del tono: «El Banco de España tumba el subsidio para mayores de 52 años de Sánchez». Es la lectura de un medio, no una frase entrecomillada del organismo, pero detrás hay un debate de fondo que va más allá del titular de un día.
Tres veces menos probabilidades de encontrar trabajo
El dato que más ruido ha hecho lo publica Business Insider España: según expertos del Banco de España, los mayores de 52 años que cobran el subsidio tienen tres veces menos probabilidades de encontrar un empleo que quienes están en su misma situación sin esa prestación. Léelo otra vez, porque la cifra es demoledora. No hablamos de un matiz estadístico: hablamos de que una ayuda pensada para sostener a alguien mientras busca trabajo podría estar funcionando, en la práctica, como un freno.
Conviene decirlo con cuidado, porque aquí es fácil pasarse de frenada. Nadie sensato sostiene que todos los perceptores rechacen trabajar; la inmensa mayoría firmaría mañana mismo por un contrato digno. El problema no son las personas, es el incentivo. Cuando el sistema premia quedarse quieto y penaliza moverse, no hace falta mala fe para que el resultado sea el que es. Y eso, precisamente, es lo que distintos medios —de Expansión a Vozpópuli o Lecturas— recogen del análisis: el subsidio, tal y como está montado, puede desincentivar la vuelta al trabajo.
La ayuda para volver a trabajar que casi nadie usa
Hay un detalle que retrata el problema mejor que mil discursos. Existe un mecanismo pensado precisamente para resolverlo: una fórmula que permite reincorporarse al empleo sin perder de golpe el subsidio, para que dar el paso no salga caro. Suena razonable. ¿El problema? Que apenas funciona. El Debate informa de que esa ayuda compatible alcanza solo al 3,5% de los beneficiarios.
El 3,5%. Es decir, el puente que el propio sistema construyó para que la gente cruzara de la prestación al trabajo lo está usando aproximadamente uno de cada veintiocho. O la herramienta está mal diseñada, o nadie se ha molestado en explicarla, o las dos cosas a la vez. En cualquier caso, no es el retrato de una política que funcione.
Cuando hasta tu propio ministro abre el melón
Lo más llamativo es que la crítica no llega solo desde la oposición o desde los think tanks liberales. Llega de dentro. ABC recoge que José Luis Escrivá asocia la alta tasa de paro a la generosidad de la protección a los desempleados. Y el Heraldo va un paso más allá: informa de que el propio Escrivá sugiere reducir la cotización de los parados para incentivar la vuelta al empleo.
Que sea un ministro del Gobierno quien plantee que proteger demasiado puede estar atascando el mercado laboral dice mucho. Durante años, sugerir que ciertas ayudas generan dependencia te valía el sambenito de insolidario. Ahora resulta que el diagnóstico estaba sobre la mesa y solo faltaba que alguien con despacho oficial se atreviera a leerlo en voz alta.
Y, mientras tanto, la factura
Porque todo esto, además, cuesta dinero. Mucho. El Mundo publicó que la reforma del subsidio para mayores de 52 años dispara la factura en 18.000 millones, según su enfoque. No es calderilla: es una cifra que obliga a preguntarse si el contribuyente está pagando una red de seguridad o un sistema que, sin querer, deja a miles de personas a la espera de la jubilación.
Y esa es, en el fondo, la cuestión incómoda. No se trata de quitarle el colchón a quien lo necesita; se trata de que un subsidio que reduce a una tercera parte las opciones de volver al trabajo, que apenas activa el 3,5% de su propio mecanismo de reenganche y que dispara el gasto en miles de millones quizá no esté protegiendo tanto como aparcando. Proteger a alguien no debería significar convencerle de que su vida laboral ya terminó.
El Banco de España, los datos y hasta un ministro del ramo han puesto el tema sobre la mesa. Lo que se decida hacer con él ya es política. Y la pregunta, mientras tanto, sigue sin respuesta: ¿toca revisar el diseño del subsidio para que vuelva a empujar hacia el empleo, o seguimos pagando una red que demasiadas veces acaba convertida en sala de espera?