Dos asociaciones de apartamentos le ganan un asalto al Gobierno en el Supremo por el registro de alquileres

El Boletín Oficial del Estado amaneció este 26 de junio con un recordatorio incómodo para el Gobierno: el Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Real Decreto 1312/2024, la norma con la que el Ejecutivo quiso poner orden en el alquiler de corta duración a través de un Registro Único de Arrendamientos y una Ventanilla Única Digital. No es un portazo a toda la política de vivienda, pero sí un tirón de orejas con sello del Alto Tribunal.

Y la historia tiene su punto de David contra Goliat. Quienes llevaron el asunto a los tribunales no fueron grandes lobbies ni partidos con altavoz, sino dos asociaciones del sector: la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) y la Associació Turística d'Apartaments de Girona (ATA). Interpusieron el recurso contencioso-administrativo 1/54/2025 y, contra el pronóstico de quien da por hecho que el Estado siempre gana, se han llevado parte de la razón.

Qué regulaba la norma y qué ha quedado anulado

El Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, regulaba el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos y creaba la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, pensada para recoger e intercambiar datos sobre los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. En cristiano: una maquinaria administrativa para inscribir y cruzar la información de quien alquila por temporadas cortas.

La Sala Tercera, Sección Tercera, del Supremo dictó sentencia el 21 de mayo de 2026 y estimó el recurso. El fallo declara nulos los artículos 2 en sus apartados f) e i), 5, 6, 8, 9, 10 y 12.b) del real decreto. Y afina todavía más: anula también los artículos 1, 2.j) y 6, pero solo en lo relativo a las menciones al procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y al número de registro.

La letra pequeña: el artículo 6 no cae entero

Ese matiz conviene leerlo con lupa, porque marca la diferencia entre el titular tremendista y lo que de verdad ha pasado. El 11 de junio de 2026, el propio tribunal dictó un auto de rectificación para precisar el alcance del fallo: aclara que el artículo 6 no se anula íntegramente, sino únicamente en lo que toca a esas referencias al procedimiento del Registro Único y al número de registro.

Traducido: ni todo el decreto se ha esfumado, ni el alquiler de corta duración se queda de la noche a la mañana sin ninguna regla. El Supremo, además, no impone costas a ninguna de las partes y ordena publicar la parte dispositiva en el BOE, que es exactamente lo que hoy puede leer cualquiera que se asome al boletín (núm. 155, páginas 88783 a 88784).

Por qué esto importa más allá del sector

Aquí es donde la noticia deja de ser un tecnicismo para juristas. Cuando la Administración legisla con prisa y con la tentación de controlarlo todo, suele acabar alguien en el Supremo recogiendo los platos rotos. Y el mensaje de fondo es de manual del Estado de Derecho: el poder reglamentario tiene límites, y los tribunales están precisamente para recordárselos cuando se cruzan.

Para quien defiende la seguridad jurídica como un valor y no como un estorbo, la sentencia es una buena noticia. No porque el alquiler turístico deba convertirse en tierra de nadie —no lo es ni lo será tras este fallo—, sino porque confirma algo elemental: registrar, cruzar datos y levantar ventanillas únicas no se puede hacer de cualquier manera. Las garantías y el respeto a las competencias no son adornos burocráticos; son la frontera entre regular y atropellar.

El aviso, además, llega en el terreno más sensible del momento: vivienda y turismo, dos materias donde el celo regulador se ha multiplicado y donde la calidad de las normas debería importar tanto como su intención. Una cosa es querer ordenar un mercado y otra muy distinta hacerlo con un diseño que no aguanta el examen del Alto Tribunal.

Lo que la sentencia no dice

Por honestidad con el lector, conviene marcar también los límites. La parte publicada en el BOE es el fallo —la parte dispositiva—, no la motivación completa. Quien quiera saber con pelos y señales por qué el tribunal ha tumbado esos preceptos tendrá que esperar al texto íntegro de la sentencia; en el extracto oficial no se detallan los fundamentos jurídicos, y este periódico no va a poner argumentos en boca del Supremo que no consten por escrito.

Así que, no: el Alto Tribunal no ha derogado la política de vivienda del Gobierno, no ha declarado barra libre para el alquiler de temporada y no ha acusado a nadie de actuar de mala fe. Lo que ha hecho es más quirúrgico y, justamente por eso, más serio: ha extirpado piezas concretas del diseño estatal del registro y ha dejado claro que lo que quede en pie deberá sostenerse sin ellas. En política, a veces, un bisturí dice más que un titular a toda página.