El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado este jueves un golpe serio al argumento de que la amnistía catalana era, por definición, incompatible con Europa. La Gran Sala ha avalado la Ley Orgánica de Amnistía al resolver dos cuestiones prejudiciales y ha concluido que la norma no choca con el Derecho de la Unión, según Europa Press y RTVE. Dicho sin solemnidad de toga: Luxemburgo no ha comprado la idea de que la ley fuera una bomba europea esperando explotar.
La sentencia no convierte la amnistía en una pócima mágica ni borra todos los problemas políticos de golpe. No decide si la ley es constitucional en España, ni ordena por sí sola el regreso de Carles Puigdemont, ni apaga la bronca territorial. Pero sí cambia el terreno de juego. Durante meses, la derecha política y mediática sostuvo que Europa podía ser la gran vía rápida para descarrilar el pacto que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Este jueves esa puerta ha quedado mucho más estrecha.
Qué ha dicho realmente Luxemburgo
El TJUE responde a dos de las cuestiones enviadas por tribunales españoles. Una procedía del Tribunal de Cuentas y afectaba a la responsabilidad contable de Puigdemont y otros dirigentes por el uso de fondos públicos durante el procés. La otra venía de la Audiencia Nacional y estaba vinculada a la investigación por terrorismo de los Comités de Defensa de la República. En ambos casos, la justicia europea sostiene que la ley española no vulnera las reglas comunitarias que se le habían planteado.
RTVE resume dos puntos clave: la norma no afecta a los intereses financieros de la Unión y tampoco es contraria a la directiva europea sobre terrorismo. Es importante contarlo con precisión, porque aquí la propaganda va a intentar correr más que la sentencia. El TJUE no está diciendo que todo lo ocurrido en Cataluña estuviera bien. Tampoco está reescribiendo la historia del procés. Está diciendo que, en los asuntos consultados, la amnistía cabe dentro del marco europeo.
El relato del apocalipsis europeo se queda tocado
Para la izquierda, el fallo refuerza una tesis que llevaba tiempo defendiendo: la salida al conflicto catalán no podía ser eternamente penal. Se puede discutir si la amnistía fue o no el precio político de una investidura; de hecho, lo fue. Pero otra cosa es afirmar que ese precio era ilegítimo por definición, antieuropeo o jurídicamente imposible. Luxemburgo acaba de poner una línea gruesa entre el desacuerdo político y la incompatibilidad con la Unión Europea.
La reacción de Oriol Junqueras, recogida por Europa Press, va justo por ahí: para ERC, la sentencia confirma que la represión no podía ser la respuesta a un conflicto democrático. Esa frase tiene carga política, no es una descripción neutral. Pero ayuda a entender por qué el independentismo recibe el fallo como una victoria: durante años sostuvo que el conflicto no se cerraría solo con tribunales, condenas y órdenes de detención.
Lo que queda pendiente
El punto delicado sigue siendo Puigdemont. RTVE recuerda que los textos conocidos este jueves no afectan por sí mismos a las órdenes de detención vigentes en España. El Tribunal Constitucional debe resolver el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía en el delito de malversación. Ese pronunciamiento será clave para saber si puede volver a Cataluña sin ser detenido.
También queda pendiente la digestión política. El Gobierno gana oxígeno en Bruselas, pero no recupera automáticamente a Junts para los Presupuestos ni arregla una legislatura que sigue dependiendo de socios que cobran cada voto como si fuera el último. La derecha, por su parte, puede seguir criticando la amnistía como una concesión política. Lo que ya no puede hacer con la misma comodidad es vender que Europa iba a tumbarla entera por escandalosa.
La paradoja es evidente: la amnistía nació de una aritmética parlamentaria muy estrecha, casi de supervivencia, y acaba recibiendo un aval europeo que Sánchez podrá presentar como normalización institucional. No es una absolución moral de todo el procés ni una victoria limpia para nadie. Es algo más útil en política: un cambio de marco. La pregunta ya no es si Europa permite la ley, sino qué hace España con una ley que Europa no ha frenado.