Ceuta no ha fallado por falta de compasión. Ha fallado porque el Estado llegó tarde a una crisis que llevaba años avisando. Esta es la parte que incomoda al Gobierno: una frontera no se gobierna con ruedas de prensa, ni con visitas urgentes, ni con la esperanza de que Marruecos haga siempre de dique gratis. Una frontera se prepara. Y cuando no se prepara, la factura la pagan los mismos de siempre: los vecinos, los agentes, los servicios públicos locales y quienes se lanzan al agua creyendo que el caos abre una puerta.
La entrada masiva en Ceuta ha reabierto todas las alarmas. RTVE planteó el marco de fondo: crisis migratoria o coerción política. Europa Press recogió datos de retornos a Marruecos y balances de fallecidos. El PP ha pedido que Sánchez comparezca y que se reforme la Ley de Extranjería, según LaSexta, mientras El Mundo ha contado la ofensiva parlamentaria en Congreso y Senado. No hablamos de una bronca menor de agosto. Hablamos de soberanía, seguridad, diplomacia y credibilidad.
La derecha debería decirlo sin complejos, pero también sin brutalidad: controlar la frontera no es odiar a nadie. Es proteger un orden mínimo para que la ley signifique algo. Si entrar irregularmente no tiene consecuencias, el mensaje que llega al otro lado es devastador. Si Marruecos entiende que puede tensar la frontera para arrancar ventajas, el mensaje diplomático también es devastador. Y si Europa ve que España improvisa, el mensaje hacia nuestros socios es peor todavía: somos frontera exterior, pero actuamos como si esto fuera solo una emergencia local.
Ahora bien, el control no puede venderse como magia. No basta con gritar “Frontex”, “expulsiones” o “estado de excepción” y quedarse tan ancho. La política seria distingue entre adultos, menores, solicitantes de asilo, mafias y personas utilizadas como presión. La ley tiene procedimientos, garantías y límites. Quien prometa resolver todo con un golpe de autoridad probablemente está haciendo campaña, no gobierno.
La crítica principal a Sánchez no es que reconozca derechos. Eso lo exige cualquier democracia decente. La crítica es que su política exterior y migratoria parece depender demasiado de equilibrios personales y demasiado poco de una estrategia nacional estable. España necesita una relación con Marruecos basada en cooperación, sí, pero también en reciprocidad clara. Si la frontera se abre o se relaja como forma de presión, debe haber respuesta diplomática, europea y operativa. No una frase indignada para consumo interno.
También hay una responsabilidad autonómica y local que no conviene esconder. Ceuta necesita recursos, infraestructuras, refuerzos policiales, coordinación sanitaria, plazas para menores y protocolos que no se inventen mientras las cámaras ya están grabando. La seguridad cuesta dinero. La improvisación cuesta más.
El Gobierno ha anunciado medidas y retornos. Bien. Pero el examen no es anunciar; es sostener. ¿Habrá comparecencia completa? ¿Habrá datos verificables? ¿Habrá reforma legal sensata o solo gestos para aguantar titulares? ¿Habrá presión europea real sobre Marruecos? ¿Habrá medios permanentes para Ceuta y Melilla cuando se apaguen los focos?
La frontera sur no puede ser un escenario donde cada partido ensaya su frase favorita. Para la izquierda, todo es humanidad. Para parte de la derecha, todo es dureza. Pero gobernar una frontera exige las dos cosas que casi nunca caben en el mismo tuit: humanidad con quien la merece y firmeza con quien instrumentaliza el desorden. Ceuta ha demostrado que España necesita menos pose y más Estado.
La palabra clave aquí no es dureza, sino previsibilidad. Un Estado respetado es aquel que sabe qué hará antes de que estalle la crisis: qué unidades se despliegan, qué protocolo se activa, qué mensaje se traslada a Rabat, qué apoyo se exige a Bruselas y qué respuesta jurídica recibe cada caso. Lo contrario, la reacción por espasmos, alimenta dos mercados: el de las mafias y el de los propagandistas.
También conviene hablar claro a Europa. Ceuta no es una nota a pie de página ni una rareza colonial para tertulias ajenas. Es frontera española y frontera europea. Si Schengen y la política migratoria común significan algo, deben significar apoyo cuando la presión llega por el sur. España no puede pedir solidaridad mientras llega sin los deberes hechos, pero tampoco debe aceptar que sus socios miren la escena como si no fuera con ellos.