El Gobierno va a volver a llevar al Consejo de Ministros la senda de déficit 2027-2029 y después la mandará otra vez al Congreso. EFE lo resume sin adornos: no hay señales de que PP, Vox o Junts vayan a cambiar el voto que ya tumbó el plan. Traducido al idioma de la calle: el Ejecutivo vuelve a la misma puerta, con la misma llave y esperando que esta vez la cerradura se apiade. Eso no es una estrategia presupuestaria; es una ceremonia de desgaste.
La política tiene mucho de aritmética, pero no debería tener tanto de súplica. Si un Gobierno necesita negociar cada tramo como si fuera un rescate en directo, algo falla. Puede fallar la oposición, claro. Puede fallar Junts, que cobra cada voto como si fuera oro. Puede fallar Vox, que prefiere el portazo a cualquier matiz. Puede fallar el PP, que ha encontrado en el bloqueo una forma cómoda de enseñar debilidad ajena. Pero también falla el Gobierno cuando pretende que la falta de mayoría sea siempre culpa de los demás y nunca resultado de su propia arquitectura.
España no se gobierna con prórrogas eternas
Los Presupuestos de 2023 llevan camino de convertirse en mobiliario fijo del Estado. Tres prórrogas consecutivas no son normalidad institucional; son síntoma. El Ejecutivo dice que presentará las cuentas de 2027 en los plazos habituales aunque la senda vuelva a caer. Puede hacerlo. Otra cosa es que tenga los votos para aprobarlas. Y ahí está el agujero: un país no puede vivir indefinidamente con presupuestos reciclados, parches de decreto y ruedas de prensa para explicar que, esta vez sí, la legislatura sigue viva.
Desde una mirada liberal-conservadora, la pregunta no es solo si el Gobierno tiene mayoría. La pregunta es para qué quiere el margen. Porque cuando se habla de déficit, deuda y objetivos pactados con Bruselas, no se habla de una hoja Excel lejana. Se habla de quién paga la fiesta, cuándo se paga y qué se deja a los que vienen detrás. La izquierda suele presentar cualquier límite como una crueldad contable. La derecha comete el error contrario cuando responde con un “no” sin detallar qué haría con la sanidad, la dependencia, las comunidades autónomas y la inversión que sí hace falta.
El no necesita contenido
Si PP y Vox quieren convertir este bloqueo en alternativa, tienen que hacer algo más difícil que votar en contra: enseñar un plan. No basta con decir que Sánchez está agotado, aunque lo parezca. No basta con denunciar que Junts tiene demasiada influencia, aunque la tenga. No basta con prometer bajadas de impuestos como quien reparte caramelos. Hay que explicar qué gasto se revisa, qué duplicidades se eliminan, qué reglas se aplican a las comunidades y cómo se protege a quien de verdad necesita protección sin convertir el presupuesto en un buffet libre electoral.
La senda rechazada incluía, según EFE, objetivos de déficit del 1,8% del PIB para 2027, 1,6% para 2028 y 1,5% para 2029, los mismos comprometidos con Bruselas. También daba a las comunidades un margen del 0,1% del PIB, equivalente a 5.849 millones en tres años. Si cae de nuevo, ese margen regional desaparece y las autonomías quedan obligadas al equilibrio. Es un dato incómodo para todos: para el Gobierno, porque muestra su debilidad; para la oposición, porque el bloqueo también tiene efectos territoriales que luego alguien tendrá que explicar en Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana.
La derecha debería aprovechar este momento para hablar en serio de disciplina fiscal. Disciplina no significa austeridad ciega ni recorte automático. Significa prioridades, evaluación y respeto al contribuyente. Significa que cada euro público necesita una razón mejor que “siempre se ha hecho así”. Significa que el Estado no puede pedir confianza mientras engorda estructuras, multiplica promesas y deja que la factura se pierda entre administraciones.
Gobernar no es sobrevivir al jueves
Sánchez ha defendido en su balance que España avanza con fuerza. El discurso tiene datos favorables y un punto de optimismo que no conviene despreciar. España no está hundida. Pero gobernar no es presentar el lado luminoso del escaparate mientras por detrás no salen las cuentas parlamentarias. Si el Ejecutivo quiere Presupuestos, tendrá que pagar precios políticos. Si no quiere pagarlos, tendrá que asumir que no puede aprobarlos. Lo que no puede hacer eternamente es convertir cada derrota en prueba de resistencia democrática.
La oposición tampoco debería confundirse. Tumbar al Gobierno en cada votación puede desgastarlo, pero no construye automáticamente una alternativa. El ciudadano que mira su nómina, su hipoteca o la factura de la compra no vive de titulares sobre derrotas parlamentarias. Quiere saber si quien aspira a gobernar tiene una idea clara del Estado: cuánto cuesta, qué debe hacer, qué debe dejar de hacer y cómo se financia sin hipotecar el futuro.
El Congreso de esta semana volverá a enseñar la foto de una legislatura sin suelo firme. El Gobierno intentará vender responsabilidad; la oposición venderá límite; Junts venderá su voto al mejor precio político. Mientras tanto, España seguirá necesitando cuentas nuevas, reglas creíbles y menos teatro. Si cada semana hay que rogar una mayoría, quizá el problema no es solo que la oposición diga no. Quizá el problema es que el Gobierno se acostumbró demasiado a gobernar al día siguiente.